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LA VIOLENCIA OBSTÉTRICA DEBE ATENDERSE EN EL CONTEXTO DE LAS POLÍTICAS DE SALUD PÚBLICA

LA VIOLENCIA OBSTÉTRICA DEBE ATENDERSE EN EL CONTEXTO DE LAS POLÍTICAS DE SALUD PÚBLICA

25 de Noviembre de 2014

La violencia obstétrica que se ha traducido en un martirio común para las mexicanas debe atenderse en el contexto de las políticas de salud pública en México para prevenir daños a la integridad de las mujeres durante todo el proceso de gestación y nacimiento de sus hijos, sostuvo el diputado Gabriel Godínez Jiménez, vicepresidente de la Comisión de Salud y Asistencia Social de la Asamblea Legislativa del Distrito Federal (ALDF).

En el marco del Día Internacional de la Eliminación de la Violencia Contra la Mujer, Godínez Jiménez propuso al pleno de la ALDF una iniciativa de Ley que reconozca la violencia obstétrica para incluirla en la Ley General de Acceso a las Mujeres a una Vida Libre de Violencia.

Para ello el diputado perredista propuso adicionar una Fracción al Artículo 6 de la Ley de Acceso a las Mujeres a una Vida Libre de Violencia que contemple la abolición de la violencia obstétrica por parte del personal médico durante todo el proceso de embarazo de las mujeres en edad reproductiva.

El legislador consideró que el maltrato contra las mujeres es un obstáculo para el sano desarrollo de las naciones y un atentado contra los principios democráticos que garantizan el ejercicio de los derechos y las libertades fundamentales.

Manifestó que la violencia contra las mujeres está presente en todas las sociedades del mundo, sin importar cultura, clase social, régimen político o económico y que lo deseable es que la sociedad médica tenga conciencia del maltrato y se retracte muto propio para brindar servicios médicos con calidad y calidez.

En México, agregó, el 63 por ciento de mujeres de 15 años y más ha sido víctima de algún tipo de violencia. Este fenómeno, dijo, se instituye mediante acciones u omisiones manifestadas desde el propio uso del lenguaje, la reproducción de roles estereotipados, hasta actos de violencia psicológica, económica, física, sexual, incluso, proveniente por órganos del propio Estado, como es el tema que hoy ocupa a la presente iniciativa.

Indicó que se pretende garantizar el ejercicio de los derechos reproductivos, que contemple un parto humanizado, una atención médica digna, servicios médicos adecuados y libres de violencia, así mismo, contar con mecanismos legales ante cualquier situación que ponga en riesgo los derechos reproductivos de las mujeres, lo anterior mediante la regulación de la violencia obstétrica.

Reveló que la violencia obstétrica se ha convertido en una práctica constante por parte del personal médico en la atención del embarazo, parto y puerperio, causando así una afectación a la dignidad humana de las mujeres y lo más doloroso, agregó es que del tema se habla poco, de ahí la importancia de incluirla en la respectiva Ley.

Hizo notar que a nivel nacional, los tipos y modalidades de violencia contra las mujeres se encuentran regulados en la Ley General de Acceso a las Mujeres a una Vida Libre de Violencia así como en las respectivas leyes locales de la materia, sin embargo, dijo, en la Ley General no se encuentra reconocida este tipo de violencia y sólo algunas legislaturas locales cuenta con regulación específica, como son los estados de Chiapas, Durango, Guanajuato y Veracruz.

En el caso del Distrito Federal, la definición que hoy se encuentra en la Ley de Acceso a las Mujeres a una Vida Libre de Violencia en el artículo 6, Fracción VI, en lo que refiera a la violencia contra los derechos reproductivos, no integra todos los elementos y supuestos que pueden definir a la violencia obstétrica, razón por la cual resulta necesario que el Distrito Federal ponga a la vanguardia el ejercicio pleno y óptimo de los derechos reproductivos, destacó.

Enfatizó que resulta preocupante que el número de quejas contra los prestadores de servicios de salud sean una constante en la atención del parte y puerperio.

Destacó que la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM) dio a conocer las entidades federativas con el mayor número de quejas por violencia obstétrica son el Estado de México, Veracruz, Jalisco, Guerrero y Sinaloa y el Distrito Federal.

Agregó que la Comisión de Derechos Humanos del Distrito Federal, (CODHDF) recibió 52 quejas por presuntas violaciones a derechos humanos con relación a la salud materna por lo que se emitieron seis recomendaciones a la Secretaría de Salud del Distrito Federal relacionadas con el tema.

De estas, explicó, se documentaron 32 casos en los que mujeres, recién nacidos o ambos, fueron víctimas de violaciones a sus derechos humanos e incluso perdieron la vida o quedaron con secuelas producto de la negación de la atención médica ya sea por falta de personal especializado o de material y equipo adecuado, aunado a ello se suma la deficiente e inoportuna atención por parte del personal médico durante el embarazo, parto o puerperio.