VAN POR PENSIÓN ALIMENTICIAPARA NIÑOS Y NIÑAS
27 de Octubre de 2013
A fin de que la pensión alimentaria para las niñas y los niños sea más que una obligación un derecho, la Senadora del PAN Martha Elena García, Presidenta de la Comisión Especial de los Derechos de la Niñez y de la Adolescencia y la vicecoordinadora del Grupo Parlamentario del PAN en la ALDF, Laura Ballesteros, desde su diferentes tribunas, unen esfuerzos para atender esta problemática, a través de la presentación de diversas propuestas legislativas a fin de garantizar dicho derecho.
La diputada Laura Ballesteros dijo que de acuerdo con datos del INEGI, cuatro de cada diez habitantes son niñas, niños y adolescentes; es decir, contamos con alrededor de 47 millones de niños; de los cuales más de tres millones entre 5 y 17 años no van a la escuela, y finalmente seis de cada diez en México han vivido directamente alguna forma de violencia en casa o en la escuela.
“Estas cifras nos reflejan que hay mucho por hacer a nivel mundial y nacional, en nuestro país, atendiendo que la protección de los derechos humanos de las niñas, niños y adolescentes es fundamental. El pasado 10 de junio de 2011, se dio un paso trascendental hacia el reconocimiento y protección de sus derechos humanos, es importante considerar que a partir de dicha reforma, México adquiere nuevas responsabilidades que se traducen en Leyes que protejan y garanticen de manera plena los Derechos Fundamentales de todos quienes se encuentren en territorio nacional en atención a la aplicación del principio por persona al que deben de atender todos los órganos de gobierno, sostuvo la asambleísta.
La senadora Martha Elena García aseguró que la pensión alimenticia actualmente es vista como una obligación de los padres hacia los hijos, por lo que buscan que esta responsabilidad se vea como un derecho que posean los hijos a que sean cubiertas sus necesidades básicas, esto a través de un Punto de Acuerdo presentado el pasado 14 de agosto ante la Comisión Permanente del Congreso de la Unión.
"En el dictamen del punto de acuerdo presentado se detalla cómo esta obligación no siempre se cumple y se tiene como registro que en ocasiones los obligados a dar alimentos ilegalmente simulan no tener los ingresos suficientes o simplemente se niegan a brindar la pensión alimenticia. Las cifras sin contundentes, el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI), señala que el 67.3 por ciento de las madres solteras en México no reciben pensión alimenticia para sus hijos”, puntualizó.
Las legisladoras de Acción Nacional coincidieron en que toda reforma legislativa o política pública en general debe estar fundamentada en la búsqueda del bienestar de las niñas, niños y adolescentes; por ello anunciaron que seguirán coadyuvando desde el poder legislativo para trabajar de manera conjunta en pro de la niñez mexicana.
Recordaron que un caso emblemático es el llamado "caso Góngora". A mediados del presente año se conoció del proceso judicial del ex presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, Genaro David Góngora Pimentel, en el que la madre de sus dos hijos menores, Ana María Orozco Castillo, demandó la pensión, y el ex ministro negaba y, además, haciendo uso de posición de influencia en los juzgados logró que el caso se volviera contra Orozco. Ante la inexplicable desatención de la CDHDF a las diversas quejas presentadas por la madre, finalmente la CNDH retomó y atendió el caso.
Cabe destacar que la diputada Laura Ballesteros ha solicitado a diversas autoridades del DF un informe detallado sobre la aceptación y cumplimiento de la recomendación hizo al caso del ex magistrado Góngora Pimentel. La CNDH recomendó que se implementen las acciones necesarias para reparar el daño a las víctimas en el caso Góngora Pimentel. "Es primordial que la protección de los derechos humanos se garantice y que el daño sufrido por las violaciones a estos derechos, ya sea por la acción u omisión de los órganos de gobierno o de los funcionarios públicos, se repare de manera integral”.
El GPPAN ALDF presentó la llamada “Ley Antigóngora”; que consta de dos iniciativas de reforma a los Códigos Civil y Penal del Distrito Federal para evitar que servidores públicos, sobe todo quienes son ex Presidentes de la República, ex Gobernadores, ex Jefes de Gobierno y ex Ministros de la Corte, hagan uso de sus influencias en asuntos legales. Al tiempo que los legisladores presentaron en días posteriores la denuncia sobre el caso ante la CNDH.
