Va ALDF por reducción de tiempos en la fiscalización de la cuenta pública
19 de Abril de 2016
· Como representantes populares estamos obligados a vigilar y defender el adecuado ejercicio de los recursos públicos, a fin de evitar que su uso indebido quede impune: Iván Texta Solís
El pleno de la Asamblea Legislativa del Distrito Federal (ALDF) aprobó hoy una iniciativa de iniciativas para reformar la Constitución y el Estatuto de Gobierno de la capital, a fin de que este órgano local tenga la facultad de legislar y determinar los plazos que agilicen la fiscalización del ejercicio de los recursos púbicos en la Ciudad de México y evitar que su uso indebido quede sin sanción.
Al razonar su voto, el diputado del Partido de la Revolución Democrática (PRD), Iván Texta Solís, promotor de la propuesta, precisó que la modificación del Artículo 122 de la Carta Magna, permitirá que la Asamblea cumpla su función de salvaguardar los recursos públicos, legislando sobre los términos de entrega de la Cuenta Pública y el Informe de Resultados, de conformidad con la Revisión de la Cuenta Pública Federal, como sucede con las demás entidades federativas.
“Mientras a nivel federal este proceso dura nueve meses y 20 días, en la Ciudad de México el procedimiento abarca cerca de 13 meses y es omiso en el término de la conclusión de la revisión de la Cuenta Pública. Esa diferencia de cuatro meses genera un desfase que impacta en la prescripción del fincamiento de responsabilidades y en la emisión de observaciones y recomendaciones”, apuntó.
El también presidente de la Comisión de Vigilancia de la Auditoría Superior de la Ciudad de México explicó en tribuna que la reforma dará a la ALDF la atribución de determinar los términos y condiciones en los que deben ser entregados los referidos informes, con plazos que sólo podrán ser ampliados a solicitud del Ejecutivo local, siendo suficientemente justificado a juicio del órgano legislativo.
Además, que la Asamblea expida las disposiciones legales para organizar a la Hacienda Pública y a la Entidad de Fiscalización local, la cual gozará de autonomía técnica y presupuestaria, ejerciendo su función bajo los principios de posterioridad, anualidad, legalidad, imparcialidad y confiabilidad.
Asimismo, agregó Texta Solís, que los servidores públicos, y cualquier entidad pública, persona física o moral, pública o privada, fideicomiso, mandato, fondo u otra figura jurídica, que reciban o ejerzan recursos públicos, entreguen la información y la documentación que soliciten las entidades de fiscalización, de lo contrario los responsables serán sancionados en los términos que establezca la Ley.
En tanto, el Tribunal de lo Contencioso Administrativo local tendrá plena autonomía para dirimir controversias entre particulares y autoridades de la Administración Pública local, y fincar responsabilidades derivadas de la fiscalización, contando para ello con legitimidad procesal de los Órganos Internos de Control y la Auditoría Superior local.
Para complementar la iniciativa, también se modificaría el Estatuto de Gobierno del Distrito Federal, a fin de adecuar diversas disposiciones al marco normativo local vigente; es decir, a la Ley Superior de Fiscalización de la Ciudad de México y a la figura de la Auditoría Superior de la capital.
El dictamen presentado por la Comisión de Normatividad, Estudios y Prácticas Parlamentarias de la ALDF respecto de la iniciativa de iniciativas promovida por el diputado Iván Texta fue aprobado y remitido a la Cámara de Diputados del Congreso de la Unión para el análisis correspondiente y su posible aprobación.
“Para fortalecer la confianza ciudadana y la legitimidad de autoridades y representantes, quienes integramos esta Asamblea estamos obligados a ser vigilantes y defensores de los recursos de las y los capitalinos. Por ello, debemos responder a las demandas de la sociedad y concretar normas que consoliden un sistema de fiscalización eficaz en la Ciudad de México, no dejar que las irregularidades queden impunes, que los responsables no sean castigados o que los delitos prescriban”, manifestó el legislador.
