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TIENE DF AUTONOMÍA FINANCIERA Y POLÍTICAS PÚBLICAS DE DERECHOS UNIVERSALES

TIENE DF AUTONOMÍA FINANCIERA Y POLÍTICAS PÚBLICAS DE DERECHOS UNIVERSALES

13 de Septiembre de 2014

En 17 años de gobiernos de izquierda, la política social del Distrito Federal tiene un balance positivo, resultado de su autonomía financiera entre ingresos propios y transferencias federales, aseguró la diputada Ernestina Godoy Ramos, durante su participación en el Foro Buenos Aires-Ciudad de México, intercambio de experiencias, que se desarrolló en Argentina.

Explicó a diputados de esa nación del Sur de América, que a diferencia del resto de las entidades federativas de México que dependen en promedio en 91 por ciento de los recursos de transferencias federales, la ciudad aporta a sus finanzas más de 52 por ciento del total de sus ingresos, lo cual la convierte en la entidad con menor índice de dependencia.

Sin duda, dijo, que al ganar la ciudad en 1997, “la izquierda obtuvo la oportunidad de demostrar puede gobernar, gobernar distinto, gobernar mejor, gobernar con la gente y gobernar privilegiando el interés general. Gobernar para transformar”.

Ante diputados de la Legislatura de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires e investigadores de la Universidad Nacional Autónoma de México y de la Universidad Nacional de Lanús, explicó que la ciudad de México es el único lugar del país donde los derechos sociales (y no la asistencia social) son el eje articulador de las políticas públicas: son obligaciones para el gobierno y derechos exigibles y universales de las personas.

En su calidad de presidenta de la Comisión de Desarrollo Social de la Asamblea Legislativa, indicó que actualmente la ciudad cuenta con 54 leyes que garantizan derechos sociales y un gasto anual de 156 mil millones de pesos (11.8 mil millones USD), de los cuales alrededor de 48 por ciento del presupuesto total de la ciudad corresponde al gasto en desarrollo social, que equivalen a 67 mil millones de pesos o 5 mil USD. La mayor parte del gasto social de la ciudad se destina a vivienda y programas comunitarios, 29 por ciento; Protección Social, 22.5 por ciento; y salud, 16.5 por ciento.

Aseguró que se pasó de una política asistencialista y focalizada a una política de derechos universales, ahora se entregan anualmente paquetes de útiles escolares y uniformes a un millón 375 mil alumnos que cursan la educación básica; Pensión Universal de 1,009 pesos a 480 mil adultos mayores, derechohabientes que en 2015 aumentarán a 500 mil; a esto se suman 80 mil personas con discapacidad permanente que reciben al mes una ayuda económica similar a la de los adultos mayores.

Los habitantes de la ciudad deciden el destino de alrededor de 57 millones de dólares en obras de mejoramiento de la infraestructura urbana a través del programa de presupuesto participativo; existen redes de apoyo alimentario mediante comedores comunitarios y con el programa de prevención y atención del VIH más grande de Latinoamérica con atención médica y medicamentos gratuitos a todas las personas que viven con VIH, entre muchas acciones más.

En el DF, sostuvo la legisladora, el Estado y no el mercado es el responsable de garantizar el acceso a bienes y servicios sociales fundamentales para el desarrollo de las personas y de la sociedad. En 17 años, tenemos programas y acciones que asumen como derechos lo que antes parecían favores del gobierno. Con esto se apunta a la creación de ciudadanía y a romper relaciones de clientelismo político.

En el Foro participaron el vicepresidente segundo del parlamento porteño, diputado Juan Carlos Dante Gullo (FpV), el Embajador de México en Argentina, Fernando Jorge Castro Trenti; Oscar Tangelson de la Universidad de Lanús; el diputado Jorge Taiana (FpV), el diputado Edgardo Form del bloque Nuevo Encuentro; el diputado Héctor Huici (Pro); el Vicepresidente 1° de la Legislatura, diputado Cristian Ritondo (Pro); el Vicepresidente Tercero Maximiliano Ferraro (CC-ARI); la diputada porteña María Rosa Muiños (FpV) y su par Francisco Quintana (Pro), titulares de las Comisiones de Descentralización y Participación Ciudadana y de Justicia, respectivamente; y la Directora del Programa Universitario de Estudios sobre la Ciudad-Universidad Autónoma de México (PUEC-UNAM), Alicia Ziccardi.