SOLICITAN A USUARIOS REALIZAR CAMBIO DE SISTEMA ELÉCTRICO
20 de Marzo de 2013
Derivado de las explosiones de las mufas en el Centro Histórico de la Ciudad de México, la diputada Dione Anguiano Flores del Partido de la Revolución Democrática, solicitó mediante un punto de acuerdo a las autoridades locales y federales a que convoquen a los usuarios del servicio de energía eléctrica a que inicien o concluyan el proceso de modernización de su sistema eléctrico.
La legisladora pidió que sea el Pleno de la Asamblea Legislativa del Distrito Federal el que solicite al titular de la Comisión Federal de Electricidad, Francisco Rojas Gutiérrez, un informe por escrito sobre la conclusión de los trabajos del programa de modernización de la red eléctrica del Centro Histórico de la Ciudad de México y el seguimiento a la atención que se ha dado a las víctimas de las explosiones.
Asimismo, exhortó a reactivar la mesa de coordinación para el seguimiento de los trabajos, convocando a la Secretaría de Protección Civil del Gobierno del Distrito Federal, así como a la Autoridad del Centro Histórico para tomar las medidas correspondientes que garantice que los usuarios que no han concluido con los trabajos de renovación de sus instalaciones por diversas razones, lo hagan a la brevedad posible y evitar a las personas inocentes sean víctimas de ese tipo de accidentes.
La diputada perredista señaló que en cumplimiento a sus atribuciones dará seguimiento a los casos de personas lesionadas, así como a los propietarios de inmuebles que a consecuencia de las explosiones sus inmuebles, clientes o empleados hayan resultados dañados, para que sean indemnizados conforme a la Ley Federal de Responsabilidades Patrimonial del Estado.
Anguiano Flores manifestó que han dado seguimiento a la gente que ha estado lesionada por la explosión de las mufas y han acordado con Comisión Federal de Electricidad darle el seguimiento total para que los lesionados puedan ser asegurados y puedan ser reparados en el daño que ha generado la explosión de las mufas.
Sin embargo, el argumento que la Comisión Federal de Electricidad ha dado es que estas explosiones son a consecuencia de que no se ha trasladado alrededor de 157 establecimientos alrededor del Zócalo que no ha permitido que se concluya y pueda quedar inactiva la línea vieja que data más de 70 años.
Las explosiones e incendios que se presentaron en los últimos 3 años dejaron como saldo afectados graves a la salud de numerosas personas que todavía no han sido totalmente atendidas, también daños a la actividad económica y a los inmuebles cercanos a los hechos. Y manifestó que no hay garantía de que no se repitan estas explosiones y personas inocentes que no tienen ninguna responsabilidad son las que resulten lesionadas adicionalmente a la falta del servicio y el daño del patrimonio histórico.
Además, la Comisión Federal de Electricidad instrumentó desde noviembre de 2010 el programa de modernización de la red eléctrica del Centro Histórico de la Ciudad de México con una inversión inicial, de acuerdo con el Presupuesto de Egresos de la Federación de 2011, de 500 millones de pesos y cuyo costo total se calculó en poco más de mil 200 millones de pesos.
La perredista recordó que se instaló una mesa de coordinación entre la CFE y la Secretaría de Protección Civil del Gobierno del Distrito Federal para dar seguimiento a los trabajos de sustitución y reparación del cableado subterráneo.
Aseveró que el plazo original fijado para terminar los trabajos ha sido notoriamente rebasado, han transcurrido más de 24 meses de inicio de los mismos sin que a la fecha la CFE informe el grado de avance del programa de modernización de la red eléctrica del Centro Histórico de la Ciudad de México, lo anterior en el contexto del cambio de autoridades de los entes públicos que tienen a cargo el programa señalado.
Ha trascendido públicamente las quejas de personas afectadas por las explosiones que aún no terminan de recuperase de las lesiones, por lo que se hace necesario la aplicación de la Ley Federal de Responsabilidades Patrimonial del Estado, que reconoce el derecho de la indemnización a quienes sufran daños en sus bienes y derechos como consecuencia de la actividad administrativa irregular del Estado.
