EL SISTEMA ELECTORAL DEL DF NO GARANTIZA LA HONORABILIDAD DE LOS CANDIDATOS NI DE LOS TITULARES DE INSTITUCIONES
03 de Diciembre de 2014
Durante el Foro “Política y Crimen Organizado”, indicó que mañana presentará ante el Pleno de la ALDF una iniciativa de reformas a diversas leyes con el propósito de establecer mecanismos de control institucional: exámenes de control de confianza, declaración patrimonial abierta, antidoping, prueba del polígrafo, la visita socioeconómica domiciliaria y presenten certificado de antecedentes no penales.
El objetivo, precisó Santillán Pérez, es transparentar la actuación de los servidores públicos de organismos autónomos, secretarios de despacho, jefes delegacionales, magistrados de los tribunales, legisladores y funcionarios que tomen protesta ante el Pleno, para luego ir ampliándolo a directores generales.
Respecto a las pruebas de control de confianza, dijo, actualmente las realiza el Sistema Nacional de Seguridad y sólo se las requieren al secretario de Gobierno, el Procurador General de Justicia y el Secretario de Seguridad Pública, todos del DF, por lo que la propuesta de reforma contempla que se incluyan a los cerca de 200 servidores públicos de la ciudad de México.
Al referirse a la declaración patrimonial, mencionó, que es necesario que ésta se haga en versión pública, es decir, debe abrirse al escrutinio público conservando los datos personales, porque actualmente los candidatos a puestos de elección popular la entregan al Instituto Electoral del Distrito Federal (IEDF) pero en sobre cerrado, sin embargo el Instituto no tiene facultades ni de abrir el sobre y mucho menos de hacerla pública.
El legislador del PRD, enfatizó que dichas acciones servirán como un mecanismo de control para que la ciudadanía ejerza su derecho a la información y pueda enterarse si los titulares de las instituciones consumen alguna sustancia o respecto a qué bienes tienen o si cuentan con antecedentes penales y al mismo tiempo, dichas acciones serán un mecanismo preventivo para evitar infiltración del crimen organizado.
Asimismo, indicó que luego de los acontecimientos en Iguala, Guerrero, en la ciudad de México “estamos obligados moral e históricamente” a tomar las medidas preventivas desde la clase política para evitar riesgos porque de no hacerlo deteriorarán más a la propia clase política y las instituciones.
