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El seguro educativo debe otorgarse a niños, niñas y jóvenes cuyos padres cumplen sentencias en cárceles de la CDMX

El seguro educativo debe otorgarse a niños, niñas y jóvenes cuyos padres cumplen sentencias en cárceles de la CDMX

07 de Abril de 2016

- El 86% de mujeres y hombres privados de su libertad tienen en promedio 2.5 hijos, en consecuencia datos estimados nos arrojan que cerca de 76 mil niños en la ciudad son hijas e hijos de madres y padres en reclusión”, afirma la diputada Rebeca Peralta

- La Ley del Seguro Educativo para el DF ha sido un mecanismo de ayuda para quienes por diferentes circunstancias han sufrido la pérdida de quienes en algún momento respaldaron sus estudios, señala


La diputada del PRD en la Asamblea Legislativa, Rebeca Peralta León, presentó hoy una iniciativa para reformar los artículos 1, 2, 3 y 4; y adicionar la fracción III del artículo 2 de la Ley del Seguro Educativo para el Distrito Federal, con el objetivo de que más de 76 mil niños, niñas y jóvenes cuyos padres o tutores se encuentran en las cárceles de la Ciudad de México reciban el seguro educativo, lo cual permitirá que no abandonen sus estudios por cuestiones económicas.

“Las niñas, niños y jóvenes de la ciudad, que desafortunadamente han perdido a su padre, madre o tutor porque se encuentran compurgando una pena en algún reclusorio, deben ser considerados en situación de vulnerabilidad, ya que en muchos de los casos se ven obligados abandonar sus estudios por falta de recursos. Existiendo casos en que estos niños son obligados a trabajar para ganar un sustento económico, lo que merma la desigualdad social”, señaló.

Al presentar la iniciativa que fue turnada a comisiones para su análisis y dictaminación, la legisladora del sol azteca estimó que “aproximadamente el 86% de mujeres y hombres que se encuentran privadas de su libertad en algún centro penitenciario tienen en promedio 2.5 hijos, en consecuencia datos estimados nos arrojan que cerca de 76 mil niños en el Distrito Federal son hijas e hijos de madres y padres en reclusión”, subrayó.

Precisó que “la Ley del Seguro Educativo para el Distrito Federal ha sido un mecanismo de ayuda para quienes por diferentes circunstancias han sufrido la pérdida de quienes en algún momento respaldaron sus estudios, pues expone que estos sólo podrán ser beneficiados y tener derecho a una pensión mensual no menor a la mitad de una Unidad de Cuenta de la Ciudad de México vigente (alrededor de 71.68 pesos diarios), siempre y cuando el padre, la madre, o el tutor de la manutención fallezca”.

“De lo anteriormente se desprende que esta ley excluye sistemáticamente a las niñas, niños y jóvenes, que por diversas causas sus padres o tutores se encuentran en reclusión en los distintos centros penitenciarios de la Ciudad de México, razón por la cual se equipara al supuesto que establece la ley en mención, ya que de igual forma se observa la perdida en la especie de quien provee los recursos económicos necesarios para no truncar su formación, subrayó.

La diputada Rebeca Peralta comentó que en la Ciudad de México existen aproximadamente 1 millón 937 mil 538 niñas y niños que van de los 0 a los 14 años de edad, lo que representa el 22% de la población según datos publicados en el portal oficial de internet del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI).

Agregó que la conformación poblacional joven actualmente en la ciudad comprende a niñas y niños de los 0 a los 13 años de edad y de los 12 a los 17 años como adolecentes o adultos jóvenes; que en su mayoría cursan algún nivel escolar en instituciones públicas y privadas.

Las características educativas de asistencia escolar en la Ciudad de México por grupos de edad es el siguiente: de 3 a 5 años, el 62.2%; de 6 a 11 años, el 96.9%; de 12 a 14 años, el 95.2%; y de 15 a 24 años, el 52%, es decir por cada 100 niños y niñas entre los 6 y 14 años de edad, 96 asisten a la escuela.

La representante popular consideró que la política de inclusión escolar enfocada a eliminar la deserción y el rezago educativo implementada por el gobierno de la ciudad, debe ser incluyente, y favorecer a los sectores más desprotegidos, garantizando en todo momento el derecho a la educación de las niñas y niños.