SCT convalida fuera de la ley, sin quórum ni comuneros, Segunda Asamblea de agraristas de San Lorenzo Acopilco: Ana Ángeles
24 de Julio de 2016
· SCT usara tierras para Tren Interurbano cuya posesión es ilegal porque pagó mas de 47 millones de pesos a un particular
· Este medio día se llevó a cabo la Segunda Asamblea espuria de comuneros de San Lorenzo Acopilco; sólo asistieron 80 habitantes sin previa acreditación agraria
· Javier Izquierdo, Director de Plantación Evaluación y Seguimiento de Proyectos Ferroviarios de la SCT convalidó Segunda Asamblea
La Secretaría de Comunicaciones y Transportes (SCT) usará tierras comunales de San Lorenzo Acopilco de manera ilegal para la construcción del Tren Interurbano México-Toluca porque la posesión de la tierra la adquirió de manera fraudulenta pagando por ellas 47 millones, 149 mil 509. 90 pesos a Gabino Sandoval Batazar, un particular ajeno a los comuneros de la delegación Cuajimalpa.
En ese sentido, el titular de la SCT, Gerardo Ruiz Esparza, debe suspender todo proceso administrativo, jurídico y de construcción de las obras del Tren Interurbano México-Toluca, en el tramo que corresponde a la delegación Cuajimalpa, en virtud de que la posesión de las tierras comunales para continuar con las obras es ilegal, aseguró la diputada Ana Juana Ángeles Valencia.
Destacó que por la convalidación de la Primera y Segunda Asambleas de Comuneros de San Lorenzo Acopilco espurias, el titular de la dependencia federal debe dar una explicación respecto a su actuación negligente o cómplice de un acto ilegal a todas luces que le permitirá a la SCT hacer uso de las tierras para continuar con las obras del Tren Interurbano.
Hizo notar que los diputados federales de Morena deben exigir la comparecencia de Ruiz Esparza en el Congreso de la Unión para que explique su actuación en el tema del Tren Interurbano y los comuneros de San Lorenzo Acoplico toda vez que fue exhortado a través de un documento firmado por ella y por el diputado David Cervantes Peredo, entregado el viernes pasado en sus oficinas, a no participar en un acto ilegal en detrimento de los derechos agrarios de los comuneros de San Lorenzo Acopilco e hizo caso omiso.
La Segunda Asamblea espuria que se realizó hoy a partir de las 12:30 y que concluyó a las 14:35, careció de legalidad porque por segunda ocasión no reunieron el quórum legal como sucedió en el intento de efectuar la Primera Asamblea, la que jamás se realizó legalmente.
Este medio día sólo participaron 80 habitantes de San Lorenzo Acopilco, sin ser acreditados mediante un padrón y registro agrario, mismos que fueron encabezados por el sedicente representante comunero Gabino Sandoval Baltasar y por Director de Plantación Evaluación y Seguimiento de Proyectos Ferroviarios de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes (SCT), Javier Izquierdo; sin la presencia de algún funcionario del Registro Nacional Agrario (RAN).
En el proceso de adjudicación de la posesión de tierras comunales existe un juicio sin resolver ante el Tribunal Agrario sobre límites y titularidad de bienes comunales, donde el ex director Ejecutivo de Recursos Naturales y Áreas Protegidas de la Administración Pública de Cuajimalpa, Gabino Sandoval Baltazar, se encontraba impedido de recibir recursos federales de conformidad con la Ley Federal de Responsabilidades de los Servidores Públicos.
En ese sentido la SCT debe explicar el por qué amparado por su cargo, Sandoval Baltazar recibió de la SCT la cantidad de 47 millones, 149 mil 509.90 pesos, no obstante que en repetidas ocasiones afirmó que sólo le entregaron 40 millones de pesos, como lo declaró en conferencia de prensa del 28 de abril de este año.
Los diputados de Morena argumentaron en el escrito dirigido al titular de la SCT que esta dependencia tuvo que haberse cerciorado de este acto, toda vez que le fue comunicado mediante un escrito recibido el día 18 de julio de 2014, firmado por el C. Martiniano Mendoza Martínez, quien legalmente se ostenta como representante de Bienes Comunales de San Lorenzo Acopilco en Cuajimalpa de Morelos, que existen irregularidades en cuanto a la representación legal de Sandoval Baltazar.
Presumen los legisladores que existe un actuar deficiente por parte de la Dirección General de Transporte Ferroviario y Multimodal de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes, por incumplir con sus obligaciones de preservar la legalidad, máxima diligencia, imparcialidad, eficiencia y eficacia que deben observarse en el desempeño del empleo, cargo o comisión del servicio público.
Al final puntualizaron que se incurrió en un ejercicio indebido de funciones y es evidente que se violaron las garantías de legalidad y seguridad jurídica de la ciudadanía y en específico de esta comunidad que por estos actos ilegales se encuentran en conflicto.
