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La ruta para transformar a la administración pública se llama sistema local anticorrupción: dip. Ernesto Sánchez

La ruta para transformar a la administración pública se llama sistema local anticorrupción: dip. Ernesto Sánchez

27 de Septiembre de 2016

· Anuncia panista paquete anticorrupción para 2017

· Celebra avances en materia de transparencia y rendición de cuentas


Para combatir y erradicar la corrupción dentro de las instituciones públicas de la capital, el Grupo Parlamentario del PAN impulsa un nuevo modelo de control gubernamental de carrera, con objeto de promover la evaluación, la capacitación y la profesionalización de funcionarios.

“Es un tema que va de la mano con la implementación del Sistema Anticorrupción de la Ciudad de México, en donde la Contraloría General capitalina tiene la misión de vincular esfuerzos para abrir un nuevo paso al fortalecimiento institucional del control interno entre servidores públicos”.

Así lo expresó el diputado local, Ernesto Sánchez Rodríguez, durante la Comparecencia del titular de la Contraloría General de la Ciudad de México, Eduardo Rovelo Pico, ante el Pleno de la Asamblea Legislativa del DF y como parte de la glosa por el Cuarto Informe del Jefe de Gobierno.

Agregó que para los legisladores panistas, es fundamental la implementación de procesos que permitan a los contralores internos y a la parte directiva de la propia Contraloría General, acompañar los procesos de la Administración Pública y darle utilidad a los diversos informes o reportes que las dependencias, delegaciones y entidades tengan, a fin de lograr dar seguimiento a los trabajos y evadir los riesgos e ineficiencias, y sobretodo, erradicar por completo la comisión de actos de corrupción.

Ante ello, el también Presidente de la Comisión de Transparencia a la Gestión en la ALDF, llamó al contralor Rovelo Pico, a establecer mecanismos de vigilancia y cuidado en las resoluciones que se emitan por los órganos de control interno dependientes de la Contraloría General, a fin de evitar que cerca del 50 por ciento sean anulados por el Tribunal de lo Contencioso Administrativo, y por el contrario, sea confirmada la validez de los mismos.

Al posicionar a nombre del GPPAN, el diputado Ernesto Sánchez señaló que la bancada esta consiente que el proceso de mejora continua en la Administración Pública debe ser tarea que emprenderá la Contraloría General, pero más allá de ello, “ese reto se llama Sistema Anticorrupción de la Ciudad de México”.

“La función sustantiva de la Contraloría General se encuentra estrechamente vinculada con todas las acciones que involucra dicho Sistema Anticorrupción y como Grupo Parlamentario, así como se hizo en el Congreso de la Unión, seremos punta de lanza para la implementación legislativa y operativa del mismo”.

Indicó el diputado Sánchez Rodríguez, celebra los avances en la ALDF sobre las declaraciones 3 de 3, así como el Registro y Seguimiento de Situación Patrimonial de las Personas Servidoras Públicas, pues añadió, será una herramienta eficaz para el registro y verificación de la situación patrimonial las personas al servicio de la Administración Pública de la Ciudad de México.

Al realizar un análisis exhaustivo al informe de la Contraloría, el panista expresó su preocupación al incremento del 32 por ciento de las quejas y denuncias presentadas en el periodo, pues refleja en primer término, un mayor acercamiento y confianza de la ciudadanía a las instituciones “pero en segundo, implica la materialidad de errores, deficiencias y actos de corrupción no detectados y controlados oportunamente”.

Todo ello, generó el inicio de 2 mil 483 procedimientos administrativos en contra de 4 mil 190 personas servidoras públicas, que arrojaron 2 mil 285 sanciones, al haberse acreditado la responsabilidad administrativa en que incurrieron los servidores públicos cuando se desempeñaron en su empleo, cargo o comisión.

El resultado, concluyó, es alentador y preocupante a la vez, ya que en el periodo que informa, se impusieron 84 apercibimientos, 891 amonestaciones, mil 64 suspensiones, 198 inhabilitaciones, y 47 destituciones; se impusieron 113 sanciones económicas, cuyo monto asciende a 359 millones 799 mil pesos.