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RECUPERAR LA CONFIANZA Y DAR SEGURIDAD JURÍDICA, RETOS DE LA COMISIÓN DE ADMINISTRACIÓN Y PROCURACIÓN DE JUSTICIA



21 de Octubre de 2009

Boletín # 083





Dar certidumbre y seguridad a la población en sus instituciones de administración y procuración de justicia; utilizar las nuevas herramientas de la reforma constitucional; recobrar la confianza en los órganos de justicia, que están muy lejanos del común de la población; tener un ministerio público y policía investigadora que no infundan miedo; garantizar la atención a los grupos vulnerables y vislumbrar la reforma política del Distrito Federal y la constitución del estado 32, son los principales temas a resolver por los diputados durante la instalación de la Comisión de Administración y Procuración de Justicia.

Durante el evento, el presidente de la Comisión, Julio César Moreno, exhortó a legisladores y autoridades a suscribir un gran acuerdo de amplia colaboración y de coordinación permanente para dar respuesta a las demandas ciudadanas y solucionar las imperfecciones y lagunas del marco jurídico actual, así como anteponer los acuerdos por encima de las diferencias.

El legislador reconoció que la tarea no es sencilla, se requiere del concurso y fortalecimiento de la relación entre los tres poderes del Distrito Federal y dar certidumbre y seguridad a la población en sus instituciones de administración y procuración de justicia. Para ello, se comprometió a que desde el Poder Legislativo de la ciudad se apruebe un régimen jurídico ordenado y accesible para todos.

Por su parte, el vicepresidente de la comisión, diputado Carlo Fabián Pizano Salinas, se pronunció porque esta instancia trabaje por un orden social justo para el Distrito Federal, lo que implica recuperar la verdadera vigencia del estado de Derecho, utilizar las nuevas herramientas que la reforma constitucional e instaurar el nuevo sistema penal acusatorio, con el fin de combatir el gran pendiente que es la impunidad. Insistió en que la vigencia del estado de Derecho requiere el cumplimiento de la ley, que de ninguna manera debe estar sujeta a discusión ni a la negociación.

En su intervención, el secretario del grupo de trabajo, diputado Alejandro Carbajal González, expresó que una de las principales deudas en todos los niveles de gobierno es dar seguridad jurídica a los ciudadanos, porque la ciudadanía no tiene confianza en los órganos de justicia, que están muy lejanos del común de la población; por ello, la actual legislatura tiene el reto de cambiar esa visión y priorizar la eficiencia y optimización de recursos; utilizar la tecnología y acabar con el rezago de muchos años, particularmente el que se tiene en los reclusorios.

La diputada Lizbeth Rosas Montero consideró que las instituciones deben estar a la altura de los resultados que exige la ciudadanía. Se necesita, dijo, una procuraduría que ponga como eje articulador de su actuación, la protección legal y social de la sociedad; un ministerio público y policía investigadora que no infundan miedo, que sean transparentes y no dilatorios en las averiguaciones previas y procesos judiciales, y en general, dijo, un sistema judicial progresista, con una actuación ética y legal que permita y aliente la participación ciudadana en el desempeño de las labores de los servidores públicos.

Para el diputado David Razú Aznar el reto de esta comisión es la armonización del marco jurídico, especialmente en el ámbito penal, con las reformas realizadas a nivel federal. Asimismo, deberán acompañar el esfuerzo de los órganos de administración y procuración de justicia por modernizarse, al tiempo de garantizar la atención a los grupos vulnerables y en estado de excepción. Ello, dijo, en apego al compromiso de la Asamblea Legislativa de asumir lo establecido en el Programa de Derechos Humanos del Distrito Federal presentado por la CDHDF.

Para el diputado Alejandro López Villanueva, la conformación de la ALDF ha permitido desarrollar un marco legal cercano a la realidad y a las necesidades de la población que tiene derecho a la protección de las leyes, reglamentos y demás normas jurídicas, pero es necesario vislumbrar la reforma política del Distrito Federal como una entidad soberana, modificando el enfoque jurídico para la instauración de la Constitución y el nacimiento del Estado 32.

Por su lado, el diputado José Arturo López Cándido dijo que su principal objetivo es identificar los principales obstáculos que impiden el acceso a la justicia para los capitalinos. Expresó que nuestro sistema penal requiere una intervención que permita cambiar el modelo inquisitorial, que presenta repercusiones en la política de prevención del delito, seguridad pública, procuración de justicia, integridad, libertad y seguridad de las personas.

En su oportunidad, el magistrado presidente del Tribunal de Justicia del Distrito Federal, Edgar Elías Azar, señaló que ese órgano demanda de la Asamblea Legislativa mayor atención, ya que el reto del sistema penal acusatorio al que se encamina requiere de fuertes presupuestos para su consolidación y la creación de más de 300 juzgados, solamente en materia penal. Entre los pendientes también se refirió a la consolidación de la oralización de los procedimientos mercantiles en su inapelabilidad y reformas al Código de Procedimientos Penales, por lo que pidió a los diputados trabajar juntos con una perspectiva progresista.

El magistrado José Raúl Armida Reyes resaltó los beneficios de las reformas en la materia que obligan al TSJ a conocer un mayor número de actos administrativos que emita la Administración Pública Local, lo que generará una carga de trabajo extraordinaria a partir de 2010. Sostuvo que la nueva ley prevé la conformación de la Junta de Gobierno para dar solución a asuntos administrativos y con ello la Sala Superior sólo se abocará a los jurisdiccionales, además de que obliga al Tribunal a contar con una Contraloría Interna. Requirió de 99 millones de pesos para crear los juicios en línea.

En tanto, Javier Cerón Martínez, subprocurador de Averiguaciones Previas de la PGJDF, se comprometió a iniciar un diálogo permanente entre los poderes Legislativo y Ejecutivo, lo que posibilitará al GDF entregar mejores resultados. “Debemos trabajar coordinadamente para lograr la tranquilidad y justicia que permita recuperar plenamente la ciudad”.

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