PROPONE MANUEL BALLESTEROS CASTIGAR CON MAYOR FUERZA A EXTORSIONADORES
15 de Diciembre de 2015
Ante el incremento del delito de extorsión en la Ciudad de México y para castigar con mayor severidad a los extorsionadores, José Manuel Ballesteros López, integrante de la Comisión de Administración y Procuración de Justicia, presentó una iniciativa con proyecto de decreto, ante el pleno de la Asamblea Legislativa del Distrito Federal (ALDF), mediante el cual se reforma y adiciona una fracción al párrafo cuarto del artículo 236 del Código Penal del Distrito Federal.
Con ello se crea la agravante inherente a cuando el sujeto activo emplee mecanismos o formas de amenaza que hagan creer a la víctima que en la comisión del delito tienen intervención grupos de delincuencia organizada o asociaciones delictivas, y que por ello, se constriñe su voluntad, pese a que en la mayor parte de los casos, no están vinculados esos grupos delictivos, ya que el o los activos aprovechan la violencia generalizada que permea en el país vinculada a la delincuencia organizada en sus diferentes formas, para generar temor en la población, subrayó.
El legislador del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática explicó que esta agravante se incorporada dentro del párrafo cuarto, como fracción III, del numeral 236 del Código Penal para el Distrito Federal, considerando que el aumento a la pena de prisión que en dicho párrafo se señala, de dos a seis años de prisión, es suficiente para castigar tal circunstancia en la conducta delictiva, ya que es complementaria al medio comisivo de la misma y con lo cual se busca erradicar esa forma de extorsión, sin que además el incremento de la pena primordial la vuelva inusitada.
En este sentido detalló que esta reforma quedará de la siguiente manera:
ARTÍCULO 236. Al que obligue a otro a dar, hacer, dejar de hacer o tolerar algo, obteniendo un lucro para sí o para otro causando a alguien un perjuicio patrimonial, se le impondrán de dos a ocho años de prisión y de cien a ochocientos días multa.
Cuando el delito se cometa en contra de persona mayor de sesenta años de edad, las penas se incrementarán en un tercio.
Las penas se aumentarán en dos terceras partes cuando el delito se realice por servidor público o miembro o ex miembro de alguna corporación de seguridad pública o privada. Se impondrán además al servidor o ex servidor público, o al miembro o ex miembro de corporación de seguridad pública o privada, la destitución del empleo, cargo o comisión público, y se le inhabilitará de uno a cinco años para desempeñar cargos o comisión públicos; también se le suspenderá el derecho para ejercer actividades en corporaciones de seguridad privada.
Además de las penas señaladas en el primer párrafo, se impondrá de dos a seis años de prisión, cuando en la comisión del delito:
. Intervenga una o más personas armadas, o portando instrumentos peligrosos;
II. Se emplee violencia física; o
III. Se emplee cualquier mecanismo o amenaza, para hacer creer a la víctima, la supuesta intervención en el delito de algún grupo vinculado a la delincuencia organizada o asociación delictuosa sin ser ello cierto, aún y cuando ello sea solo para lograr que la víctima no denuncie el hecho.
Asimismo, las penas se incrementarán en una mitad cuando se utilice como medio comisivo la vía telefónica, el correo electrónico o cualquier otro medio de comunicación electrónica.
Explicó que el objetivo es dar una respuesta eficaz a la ciudadanía, ya que es un problema social difícil de prevenir, erradicar y sancionar. La Encuesta Nacional de Victimización y Percepción sobre Seguridad Pública 2015, presentada por el Instituto Nacional de Estadística y Geografía, señala que en el Distrito Federal, este delito es el segundo de mayor incidencia delictiva, luego de robo en vía pública y transporte público, y por delante del delito de fraude.
En el caso de las víctimas de extorsión se estima que en 2014 solamente denunciaron el 10.7% y de esta cifra fueron iniciadas el 67.5% de averiguaciones previas ante el Ministerio Público, agregó.
"Desde esta Asamblea Legislativa debemos fortalecer y mantener un Estado de Derecho, y de allí el compromiso de brindar leyes que permitan fortalecer a las instituciones de justicia sin menoscabo o limitación alguna, debemos garantizar a las víctimas de los delitos el reconocimiento y debida aplicación de los derechos humanos que les son inherentes, debemos dar las herramientas necesarias para que las personas que infringen la ley penal sean debidamente castigadas y con ello permitir que todas y todos los ciudadanos que habitan y transitan en esta ciudad capital tengan una vida digna y libre de cualquier tipo de violencia”, finalizó.
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