Propone ALDF dar voz a la ciudadanía en materia de ordenamiento territorial
27 de Abril de 2016
El presidente de la Comisión de Gobierno de la Asamblea Legislativa del Distrito Federal (ALDF), Leonel Luna Estrada, anunció la creación del interventor ciudadano en la Procuraduría Ambiental del Ordenamiento Territorial (PAOT).
El coordinador del grupo parlamentario del Partido de la Revolución Democrática (PRD) presentará mañana la iniciativa de ley para empoderar a los ciudadanos.
“Asumimos que en la materia, es necesario darle voz a los ciudadanos, sobre todo si tomamos en cuenta que algunos desarrolladores inmobiliarios han cometido abusos que afectan de forma directa a los habitantes, a esto hay que sumarle que muchos de las ilegalidades ocurren en completa impunidad y bajo el amparo de las autoridades”, aseguró el presidente de la ALDF.
Luna Estrada detalló que de acuerdo con cifras de la PAOT, al cierre del 2015, se recibieron un total de tres mil 466 denuncias ciudadanas, de las cuales el 37 por ciento corresponde a quejas en material de ordenamiento territorial en la capital del país, de ahí la importancia de que exista un interventor ciudadano en cada demarcación.
“Tendrá como función el generar propuestas, emanadas de la propia sociedad, sobre los actos administrativos en materia de desarrollo urbano, así como dar seguimiento puntual a las sanciones impuestas por la autoridad y la defensa jurídica de las mismas y la actualización de la propia legislación urbana de la ciudad”, explicó Luna Estrada.
Comentó que es imprescindible incluir las opiniones y reclamos de la ciudadanía en el tema urbano-ambiental a fin de agilizar las posibles soluciones, garantizando así un canal de comunicación directo entre habitantes y autoridades.
El presidente de la Comisión de Gobierno de la ALDF añadió que con esta iniciativa, los propios ciudadanos vigilarían la actuación de la autoridad con respecto a la expedición de constancias, permisos, certificados, dictámenes, licencias, etc, para “detectar de forma oportuna cualquier posible ilegalidad en los procesos y así sumar esfuerzos, entre autoridades y ciudadanos, en el combate a la corrupción para garantizar un desarrollo urbano participativo y sustentable”.
