PROMUEVEN AMPAROS CONTRA INCREMENTO EN TARIFAS DE TRANSPORTE
15 de Abril de 2013
Ante la falta de respuesta acerca de la carta que legisladores panistas llevaron al Jefe de Gobierno del Distrito Federal, Miguel Ángel Mancera, el pasado 1 de abril, respecto al aumento en las tarifas del trasporte público de la ciudad; los diputados del Grupo Parlamentario del PAN Orlando Anaya González, Edgar Borja Rangel y Gabriel Gómez del Campo acudieron hoy al Poder Judicial de la Federación para presentar un juicio de amparo contra esta determinación que afecta el bolsillo de los ciudadanos.
El diputado Edgar Borja Rangel señaló que “los diputados en la Asamblea Legislativa del Distrito Federal no fuimos informados acerca de la manera en la que se dio el aumento. Nosotros no estamos en contra del aumento a las tarifas, por supuesto que se tienen que revisar, estamos en contra de que no se siga el procedimiento y no se lleve a cabo con apego a la ley”.
Los legisladores señalaron que el alza de tarifas fue un acto que violó el artículo 81 de la Ley de Transporte y Vialidad, el cual establece que las a tarifas deberán revisarse durante el tercer trimestre de cada año y en el cuarto trimestre el jefe de gobierno emitirá una solución sobre la determinación del incremento o no de las tarifas tomando como base lo establecido en el artículo 79 de esta ley.
Al respecto, el diputado Gabriel Gómez del Campo abundó que “el objetivo principal es que esta modificación que se hace al transporte público sean revocados, también queremos demostrar el respeto a la ley. Nosotros vamos a proteger el bolsillo de los ciudadanos y vamos a proteger la ley”.
Por su parte, el diputado Orlando Anaya advirtió que desde la ALDF trabajarán en propuestas que tomen en cuenta la seguridad de los ciudadanos “si se suben las tarifas lo lógico es que tuviera que ver con mejoras de servicio mejoras en condiciones de protección civil y seguridad para las personas. No lo hay y estaremos impulsando seguridad para las ciudadanos que usan el transporte público”.
Finalmente, los legisladores coincidieron en que lo que se busca no es la suspensión provisional sino la declaratoria general de inconstitucionalidad, la suspensión definitiva para regresar a las tarifas anteriores.
