POSICIONAMIENTO DEL DIPUTADO DEL GPPAN EN LA ALDF SANTIAGO TABOADA CORTINA REFERENTE AL ASESINATO DEL FOTO- REPORTERO RUBÉN ESPINOSA
05 de Agosto de 2015
Con el permiso de la presidencia. Compañeras y compañeros diputados:
El cobarde asesinato de cinco personas en la colonia Narvarte el pasado viernes 31 de julio, está muy lejos de ser un ordinario asunto de procuración de justicia del ámbito del fuero común en la Ciudad de México; está muy lejos de ser la inicial pretensión de hacernos creer que se trataba de una convivencia social entre un grupo de amigo que terminó en tragedia; y está muy lejos de ser un asunto policiaco que alimente el morbo de las secciones de nota roja de algunos medios y que se olvide en unos días, superada por la nueva nota criminal de la semana.
El seguimiento al multihomicidio del pasado 31 de julio, señoras y señores diputados, habrá de marcar el derrotero de la procuración de justicia en el actual gobierno capitalino e incluso en el actual gobierno federal, y les voy a decir por qué.
Por lo que hace al gobierno capitalino, su relevancia radica en las implicaciones y en las connotaciones que trae consigo este crimen. Primero, por las víctimas, segundo, por el modus operandi, y tercero por la exigencia de justicia de la ciudadanía.
Respecto de las víctimas, porque estamos hablando de quien se desempeñaba como foto – reportero, corresponsal de la agencia noticiosa gráfica Cuartoscuro y de la revista Proceso, el C. Rubén Espinosa Becerril. Un periodista más que es asesinado en uno de los países más peligrosos para ejercer esta profesión, de acuerdo con la asociación “reporteros sin fronteras”, con más de 80 asesinatos y 17 desapariciones en la última década. Y este hecho debiera avergonzarnos, indignarnos y exasperarnos, porque un Estado que es incapaz de garantizar uno de los derechos fundamentales consagrados en nuestro texto constitucional, la libertad de prensa, está muy lejos de considerarse un Estado de Derecho, republicano y democrático, como aquel del que tanto presumen los gobernantes en turno.
Atentar contra la libertad de prensa, es atentar contra el Estado mismo, contra sus instituciones, pero fundamentalmente, contra la sociedad, contra el pueblo, que tiene en todo momento el inviolable derecho a decir y a criticar lo que le plazca, por más incómodo que resulte para el gobernante. Atentar contra la libertad de prensa, es atentar contra nuestra aspiración democrática, y en consecuencia, contra la esperanza de forjar una mejor nación.
Pero no solamente debe indignarnos el cobarde asesinato de un reportero, sino también la comisión de un múltiple feminicidio. Cuatro mujeres perdieron la vida en el mismo acto criminal. Nadia Vera, una activista defensora de los derechos humanos, que al igual que Rubén Espinosa, vinieron a refugiarse a la Ciudad de México al sentirse amenazados y perseguidos por el gobierno de Veracruz. Yesenia Quiroz, joven originaria de Baja California; una ciudadana de origen colombiano, identificada como “Nicole”; y Alejandra, quien, se dice, realizaba labores domésticas en aquel departamento. Según declaraciones de propio procurador capitalino, algunas de ellas fueron agredidas sexualmente antes de ser asesinadas.
Respecto a la forma de perpetrar el mutihomicidio, se nos ha informado que las cinco víctimas recibieron el “tiro de gracia”, al más puro estilo del crimen organizado. Y es aquí donde cobra relevancia la actuación estratégica de la procuraduría, pues existen elementos para afirmar que los acontecimientos del pasado 31 de julio fueron cometidos por una mafia, en la ciudad en la que –se nos dice reiteradamente– no hay actuación del crimen organizado.
Y si fue la mafia, si fue el crimen organizado, deja de ser un tema de competencia local e involucra entonces al ámbito federal, sobre todo por una de las líneas de investigación que, además, debiera ser la primera: las amenazas en contra de Rubén y de Nadia por parte del gobierno de Javier Duarte; amenazas que no son una invención, sino que fueron tan reales y tan repetidas, que ambos tuvieron que abandonar aquel estado y autoexiliarse en la Ciudad de México.
Tanto Rubén como Nadia dejaron testimonios de las amenazas de las que eran objeto, pero quizá el mayor testimonio, no provino de ninguno de ellos, sino del propio Javier Duarte, quien, apenas un día antes del crimen, en reunión con reporteros de aquel estado, les advirtió: “pórtense bien, por favor… vamos a sacudir el árbol y se van a caer muchas manzanas podridas”.
Un gobernador que pide a periodistas portarse bien, no es una advertencia velada, es una amenaza comprobada. Es un botón de muestra de un Estado fallido, que nunca, en los doce años de gobiernos panistas, se vivió en este país. Reporteros amenazados, autoexiliados, y ejecutados. El circulo vicioso del actual ejercicio periodístico en México.
Señoras y señores diputados, de ningún modo podemos permitir que nuestra ciudad sea el patio de ejecuciones de las mafias de gobiernos estatales o del crimen organizado. ¿o acaso no debiera avergonzarnos que quienes buscan refugio en la “vanguardista Ciudad de México”, víctimas de atropellos de las autoridades estatales, deban buscar ahora otra ciudad porque en esta no tienen garantizada su integridad?
Que quede claro, Acción Nacional no está culpando de los acontecimientos a ninguna autoridad de la ciudad, pero sí exigimos a la procuraduría capitalina que esta historia no termine como la historia del Bar Heaven, resuelta a medias mucho tiempo después, y con más preguntas que respuestas.
Sí retamos a Miguel Ángel Mancera, a que haga de esta causa, no la causa de un grupo de activistas, sino su propia causa; la causa de un gobernante que no va a permitir que quienes buscan asilo en esta ciudad por violaciones a derechos humanos de las que son objeto en otros estados, sean ejecutados aquí. La causa de un gobernante que al procurar justicia en este caso, ha de dejar en claro el mensaje de que, en esta ciudad, nadie que atente contra la libertad de expresión, o contra cualquier derecho fundamental, puede quedar impune.
Es por eso que no exageramos cuando afirmamos que este caso ha de marcar el derrotero de la procuración de justicia en la ciudad en los próximos años. Su desenlace marcará la pauta: el mensaje de que quienes buscan asilo en esta ciudad no lo van a encontrar, o el mensaje de que, más allá del discurso oficial, la Ciudad de México es verdad la ciudad de las libertades y de los derechos.
