PIDEN A SEGOB MAYOR CONTROL DE PORTACIÓN DE ARMAS EN EMPRESAS DE SEGURIDAD PRIVADA
15 de Marzo de 2015
La diputada Esthela Damián Peralta, del PRD, demandó a la Secretaría de Gobernación que atienda las observaciones que hizo la Auditoría Superior de la Federación (ASF) en la Cuenta Pública 2013, a efecto de contar con un mayor control respecto a la portación de armas dentro de las empresas de seguridad privada que operan en el país.
La también presidenta de la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública de la ALDF, indicó que en un análisis sobre la Regulación de los Servicios de Seguridad, la ASF reveló que las 64 mil 235 personas que integran el Registro Nacional de Empresas, Personal y Equipo de Seguridad Privada, contaron con mil 492 vehículos, así como mil 858 armas cortas y 2 mil 93 armas largas.
Sin embargo, el máximo órgano de fiscalización del país advirtió la falta de estadísticas confiables sobre este tema y el riesgo que implicaría en el control de personas que portan armas de manera regulada en el ámbito estatal y nacional.
Asimismo, el órgano fiscalizador detectó que no existe una estadística confiable para conocer cuántos elementos de seguridad privada laboran en el país, por lo que instó a la Secretaría de Gobernación (Segob) a mejorar y verificar la confiabilidad de las cifras.
Resultado de la revisión al programa "Evaluación de la Política Pública de Seguridad Pública" de la Segob, la ASF observó que derivado del incremento de la inseguridad y los índices de percepción ciudadana entre 2007 y 2013, el número de personal de las empresas de seguridad privada se incrementó 7%.
Al respecto, mencionó que el registro del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública (SESNSP) refiere que pasó de 79 mil 826 elementos en 2010 a 85 mil 439 en 2013.
Sin embargo, la misma Auditoría encontró que en el Segundo Informe de Ejecución del Plan Nacional de Desarrollo 2007-2012 se registraron 128 mil 881 elementos de empresas de seguridad privada; en tanto que el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi) reportó para 2013 un total de 64 mil 235 personas operativas con autorización federal.
Damián Peralta hizo hincapié en que la diferencia de cifras del personal de seguridad privada, si bien asociada a la naturaleza distinta de las metodologías y fuentes empleadas en cada caso, advierte la necesidad de mejorar y verificar la confiabilidad de las estadísticas.
Los resultados obtenidos en la Auditoría establecen que el aumento en el número de elementos de seguridad se debe a la poca o nula prevención de los delitos, ineficiencias en la investigación y persecución de los delitos, la ineficacia del sistema de justicia penal, la ausencia de mecanismos eficaces de reinserción social y la escasa coordinación entre los tres órdenes de gobierno.
La misma evaluación aseguró que la Dirección General de Seguridad Privada de la Secretaría de Gobernación autorizó que 914 empresas de seguridad privada apoyaran los servicios de seguridad pública; sin embargo, no dispuso de indicadores que permitan evaluar el impacto de dichos servicios en la prevención de la comisión de delitos.
Finalmente, alertó que la misma dirección no disponía hasta 2013 de los convenios de coordinación con los gobiernos estatales y el Distrito Federal, a fin de que le remitan la información correspondiente a cada uno de los prestadores de servicio autorizados para integrar el Registro Nacional.
