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PIDEN LEGISLADORES MEJORES RESULTADOS A LA CONTRALORÍA GENERAL DEL DF



17 de Abril de 2012

Boletín # 196

 Al comparecer ante el Pleno, Ricardo García Sáinz aseguró que no han detectado desvío de recursos a campañas políticas


Mejores resultados en materia de transparencia, las acciones para evitar el desvío de recursos públicos en las campañas electorales y el estado de procesos específicos presentados contra servidores públicos, son algunos temas abordados durante la comparecencia del Contralor General del Distrito Federal, Ricardo García Sáinz, ante el Pleno de la Asamblea Legislativa.

En tanto, Ricardo García Sáinz informó que se requiere de un mejor andamiaje normativo, de la profesionalización de los servidores públicos y la modernización administrativa. Aseguró que hasta el momento no han detectado desviación de recursos a las campañas políticas.

En los posicionamientos, la diputada del Panal, Axel Burguete Vázquez, calificó como una obligación contar con servidores públicos honestos que respondan a las necesidades de profesionalismo y transparencia en favor de los capitalinos. Exhortó al funcionario promover una oferta educativa de calidad orientada a los funcionarios públicos locales para que brinden un mejor servicio y pidió los avances en materia administrativa, las acciones para optimizar recursos humanos y el estado real de las averiguaciones que se realizan a los 16 jefes delegacionales.

En tanto, por parte del Partido Verde Ecologista de México, Norberto Ascencio Solís Cruz criticó el doble papel de la Contraloría al sancionar a servidores públicos y la acusó de desatender las demandas ciudadanas. Pidió realizar una auditoría de los nueve años de gobierno a la delegación Tláhuac, debido a que existe mucha corresponsabilidad de las contralorías internas nombradas por la Contraloría General del Gobierno local.

El diputado del PT, Arturo López Candido afirmó que las estrategias para prevenir la corrupción no han funcionado y la frecuencia corruptiva devasta considerablemente la concepción de la Contraloría General del Distrito Federal. Invitó a la institución a emitir observaciones sobre las limitaciones impuestas por las leyes en el combate a la corrupción, con el fin de reforzar los ordenamientos legales para hacer de la contraloría un órgano autónomo y poderoso en el combate a la corrupción.

Por parte del PRI, el diputado Leobardo Urbina Mosqueda recriminó la falta de resultados que perciben los ciudadanos y que del análisis de su informe se desprenda el uso discrecional y subejercicios para la no aplicación de los recursos públicos de algunas dependencias. Aseguró que el desarrollo social sigue siendo el talón de Aquiles de los gobiernos central y delegacionales, como lo muestra la evaluación de políticas y programas sociales implementados por el Gobierno del Distrito Federal que realizó la UNAM.

Tras enumerar diversas denuncias presentadas por el Partido Acción Nacional, Fernando Rodríguez Doval exigió acciones decididas para acabar con las irregularidades y omisiones. Dijo que la Contraloría no se desempeña con un enfoque preventivo, ni contribuye en los procesos de transparencia, lo que eleva la percepción de impunidad. Resaltó las sanciones a delegaciones gobernadas por Acción Nacional, pero también pidió que se haga lo mismo con delegaciones perredistas para evitar parcialidad.

El diputado del PRD, Leonel Luna Estrada, pidió respuesta respecto del combate de los certificados falsos de uso de suelo y construcciones, y al amparo promovido por la empresa Ciber. Además pidió información del seguimiento de los casos de las auditorías de desempeño que comprenden sistemas de transporte público, al Fideicomiso de Educación Garantizada, a la Secretaría de Desarrollo Social y dos jefaturas delegacionales.

En la sesión de preguntas y respuesta, la diputada Axel Burguete Vázquez cuestionó las causas por las que fueron sancionados más de mil 408 funcionarios públicos y pidió una explicación sobre la depuración de los padrones de beneficiarios de los programas sociales. En su respuesta, el funcionario explicó que las principales causas son por deficiencias administrativas, incumplimiento, enriquecimiento ilícito, ventas de protección y tareas indebidas. Calificó como un fracaso tener este número de sancionados, porque se busca un cuerpo de funcionarios comprometidos. Aseguró que la depuración de los padrones está concluida y se cuenta ya con un sistema de actualización.

En su momento, el legislador Norberto Ascencio Solís Cruz solicitó una respuesta positiva a la petición de auditoría a Tláhuac; conocer la revisión de los recursos que se entregan a las delegaciones; el perfil que deben tener los contralores internos y cuántos servidores públicos han sido inhabilitados por actos de corrupción. El funcionario dijo que la presencia permanente de un contralor interno es rutinaria y rotativa para evitar complicidades locales entre funcionarios y contralores. Dijo que se han hecho dos cursos para fortalecer el perfil del contralor y tener profesionistas debidamente capacitados.

Ante la inquietud del diputado Arturo López Cándido por conocer el estado de las auditorias realizadas al Instituto de Vivienda del Distrito Federal, así como los problemas y deficiencias detectados en programas sociales, el contralor se comprometió a enviar a la ALDF los resultados de esa auditoría.

Por su parte, el diputado Cristian Vargas Sánchez le pidió aclarar su estado de salud y si ésta le permite desarrollar además de sus actividades cotidianas, las previstas para resolver denuncias en el proceso electoral que se avecina. En su respuesta, el servidor público aseguró que goza de buena salud y que esa institución practica absoluta neutralidad frente a cualquier proceso político y que a la fecha no se han detectado desviaciones de recursos públicos para campañas políticas.

En diputado Juan Carlos Zárraga Sarmiento demandó resultados en las demandas contra los secretarios de Obras y Servicios y la del Medio Ambiente, así como contra la titular de la Consejera Jurídica. En respuesta el funcionario detalló que fueron casos formalmente legales.

Por el PRD, Karen Quiroga Anguiano propuso establecer formatos de entrega-recepción electrónicos para agilizar estos trámites; además preguntó cuántos verificadores del INVEA enfrentan algún procedimiento y cuántos han sido sancionados. Además los motivos por los que la delegación Iztapalapa no tiene ninguna visita en el apartado de presupuesto participativo.

En respuesta, escuchó que sólo han recibido unas cinco denuncias contra personal del INVEA, pero son por actos internos. En el caso de la delegación Iztapalapa se comprometió a entregar la información que se requiera.

Antes, en su informe, aseguró que para fortalecer la vigilancia y el control hace falta un enfoque preventivo de la gestión pública, estrategia central de su proyecto. Agregó que la Contraloría participó en 3 mil 152 reuniones para verificar el cumplimiento de la normatividad y en 3 mil 417 eventos de licitaciones públicas e invitaciones restringidas para eliminar los trajes a la medida, además de auditorías de desempeño en los sectores de transporte, educación y desarrollo social.

Resaltó que el Centro de Control de Confianza de la Contraloría General está en proceso de certificación y que para culminarlo se deben ampliar los espacios físicos, equipo y laboratorios de medicina y toxicología.


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