MÁS DE 10 MIL UNIDADES ILEGALES DE TRANSPORTE EN EL DF, DENUNCIA DIPUTADA
09 de Febrero de 2015
Más de 10 mil operadores del servicio público, de microbuses y de taxis ofrecen servicio en la capital del país sin tarjetón vigente ni registro en la Secretaría de Movilidad (Semovi), denunció en conferencia de prensa la diputada Laura Ballesteros Mancilla.
La integrante de la comisión de Movilidad, Transporte y Vialidad en la Asamblea Legislativa del Distrito Federal (ALDF) denunció además que según datos del Centro para el Fomento de la Educación y Salud de los Operarios del Transporte Público Asociación Civil (Cenfes), el número de choferes que no están registrados ante la Secretaría de Movilidad va en aumento.
“Aunque la Semovi contempla alrededor de 300 mil choferes, hay una cifra negra que no ha podido ser contabilizada y que alcanzaría hasta el triple de los registrados en materia del parque vehicular de microbuses. Entre ellos se encuentran los transportes pirata, ejecutivos y trabajadores eventuales, es decir, que por cada taxi o microbús puede haber dos operadores extra que no cuentan con los tarjetones oficiales para circular, por lo que no son parte del conteo”, acusó.
Por ello pidió a la Semovi que dé a conocer si existe o no un registro público del transporte en la Ciudad de México, ya que “la función registral del transporte es fundamental para la implementación de políticas públicas sustentables y lograr mejorar el servicio de transporte público de los capitalinos, toda vez que la Ciudad está próxima a recibir inversión de organismos internacionales para la mejora del servicio de transporte público”.
La diputada capitalina aseguró que los ordenamientos de Ley y la implementación del Sistema Integrado de Transporte también son una obligación gubernamental, dado que representa parte de la estadística básica del sistema de movilidad en la Ciudad.
“El Registro Público del Transporte no es una ocurrencia, el Registro Público del Transporte es una obligación que adquirió la Secretaría de Movilidad con la aprobación de la Ley de Movilidad que quedó establecido en sus artículos 134 y 135.
“Si la Semovi no realiza los cambios administrativos que tiene que realizar, no se le deberá otorgar un peso de los posibles fondos internacionales anunciados porque claramente no tiene la estructura administrativa para ejecutar”, explicó.
Ballesteros Mancilla consideró que para poder llegar al cambio en el modelo del servicio para mejorar la calidad, necesario y urgente que exista una contabilidad del transporte público de la ciudad.
“En ese registro público podremos ir contando uno a uno quiénes están circulando, cuántos son y a quienes les pertenecen esas concesiones para entonces poner orden y que la concesión esté directamente ligada con la calidad del servicio que se está dando, y si no hay calidad, que se retire la concesión”, abundó.
Conflicto de corredores Reforma y Lomas, el ejemplo.
Laura Ballesteros aseguró que el ejemplo más claro de los conflictos que ocasiona la falta de un registro público de transporte es el caos que se vive en los corredores Palmas y Reforma Lomas.
“Este es un ejemplo muy claro que no bastan el cambio de unidades, no basta la organización de corredores si no se cuenta por un lado con el cambio de modelo de servicio amarrado a la publicación del registro público del transporte”.
Adicionalmente dijo que las soluciones de transporte para dichos corredores deben estar claramente en la integración de un Sistema de Transporte Público Integral para la ciudad.
“También queremos pedirle a la Semovi que realice un estudio donde cuantifiquen el número de personas que están usando el corredor Reforma Lomas hacia Santa Fé, en qué modo lo están haciendo, y que diseñen alternativas complementarias a los corredores de transporte como carriles de alta ocupación, sincronización semafórica especializada, así como un estudio de las intersecciones conflictivas”, concluyó.
