LEY DE AGUAS PARA LA CIUDAD DE MÉXICO MANTENDRÁ CERRADAS LAS LLAVES A LA INICIATIVA PRIVADA
16 de Marzo de 2015
La Ley de Aguas y Sustentabilidad Hídrica para la Ciudad de México mantendrá cerradas las llaves a la iniciativa privada hasta el término de la VI Legislatura, aseguró el diputado perredista Gabriel Godínez Jiménez, presidente de la Comisión de Gestión Integral del Agua de la Asamblea Legislativa del Distrito Federal, (ALDF).
El legislador precisó que pese a que el dictamen de Ley de Aguas de la ciudad de México ha sido analizado por un considerable número de organizaciones sociales, de académicos y expertos en materia hídrica, aún en el seno de la ADLF hacen falta pulir ciertos tópicos con algunas expresiones políticas y con funcionarios del Sistema de Aguas de la Ciudad de México (SACMEX).
Expresó que como resultado de la discusión y análisis al dictamen de la Ley capitalina, durante más de dos años, se han hecho más de 200 modificaciones al documento original y que el proceso de razonamientos se ha tomado con serenidad porque no se ambiciona una aprobación Fast Track.
Manifestó que se inició una ruta de consulta a través del Programa de Derechos Humanos que se construyó con la Comisión de Participación Ciudadana de la ALDF hasta llegar a su escrutinio con investigadores y académicos interesados en el tema.
Destacó que los grupos parlamentarios de la ALDF han sido muy receptivos a las demandas ciudadanas en el tema del agua que han sido plasmadas en cuatro iniciativas presentadas por PAN, PVEM, y dos del PRD, además de las observaciones realizadas por el PRI, y la que presentó el Gobierno capitalino.
Todos, dijo, coincidimos en mantener el derecho humano al agua, a evitar la privatización. Respecto a las tarifas, expuso que aún existen diferencias sobre quién o quiénes las deben fijar, por lo pronto, aseguró, la ALDF lo seguirá haciendo hasta el límite de sus facultades.
A pregunta expresa respondió que también la Comisión de Gestión Integral del Agua, que él preside, está esperando los resultados concernientes a la discusión a la Ley General de Aguas para saber los alcances que tendría la local, durante una entrevista con reporteros.
En ese contexto reconoció que la Ley General, al final de cuentas, mandata a los estados, a los municipios y a los organismos operadores de agua del territorio nacional.
También, expresó que las entidades que pretendan recibir recursos federales tendrán que someter sus tarifas a la consideración de la Federación y en este esquema, estimó, es muy probable que a la ALDF le supriman las facultades para poder determinar las cuotas tal y como se establecen actualmente a través de clasificación de manzanas en tarifas baja, popular, media y alta.
Sostuvo que de aprobarse la Ley General dominaría un criterio federal al que todos los estados y todos los municipios tendrían que adecuarse por lo que se entendería el incremento al agua como un decreto nacional.
De ahí la importancia que el Congreso de la Unión abra una mesa de discusión real, con actores políticos reconocidos socialmente, con expertos en todas las áreas del conocimiento que tengan que ver con los temas de la nueva ley hídrica y no nada más se ajuste a un interés comercial, aseguró.
Por lo pronto, afirmó, en el caso del Distrito Federal, de aquí a septiembre no va a pasar. Después de septiembre no sabemos, afirmó. Hoy tiene un candado difícil de abrir; la oposición necesitaría las dos terceras partes de los legisladores y no les alcanzan los números.
Recordó que para la aprobación de la Ley de Aguas y Sustentabilidad Hídrica, en esta legislatura la oposición necesitaría tener mayoría calificada y no la alcanzan los legisladores del PRI, PAN y PVEM, a menos que algún diputado del PRD se animara a apoyarlos, pero quedarían subordinados al Poder Ejecutivo Federal afectando severamente a todos los habitantes de la ciudad de México por décadas.
El riesgo de aprobar una ley al capricho comercial nos colocaría en los niveles de encarecimiento que tienen los habitantes de Puebla al alcanzar hasta un 400 por ciento de aumento en sus tarifas luego de privatizar el agua.
