SE IMPULSA POLÍTICA SALARIAL CON JUSTICIA SOCIAL Y REDISTRIBUCIÓN DEL INGRESO
17 de Agosto de 2014
La ciudad de México se colocará a la vanguardia nacional al aumentar el salario mínimo de los trabajadores de la capital y desvincularlo de multas y una serie de sanciones administrativas al crear una nueva unidad de valor, con lo que se emprenderá una política salarial que tiene que ver con justicia social y mejor redistribución del ingreso, aseveró el Vicepresidente de la Comisión de Asuntos Laborales y Previsión Social de la ALDF, Eduardo Santillán Pérez.
Al coincidir con la propuesta del jefe de Gobierno, Miguel Ángel Mancera, el legislador precisó que la Organización Internacional del Trabajo señala que es importante considerar que las bajas remuneraciones reducen el consumo de los hogares y en consecuencia cuando hay una caída de los salarios se reduce el consumo interno más de lo que aumentan las exportaciones y la inversión y esto tiene un efecto negativo sobre el crecimiento económico del país.
Asimismo, enfatizó que México es uno de los países de la OCDE en que los trabajadores dedican un mayor número de horas de trabajo a la semana, pero tienen los salarios más bajos, por lo que “el salario mínimo tiene detrás de sí explotación laboral porque difícilmente podemos pensar que sea equivalente a las ocho horas de la jornada laboral”.
Además, puntualizó que “no es muy difícil entender, desde el ámbito de los derechos humanos, en qué momento el salario mínimo da como resultado explotación laboral si la propia definición de salario mínimo es la de proporcionar los recursos suficientes para que una familia logre el sustento cotidiano y al no cumplirse con este propósito del salario mínimo, estamos ante un caso institucionalizado de explotación laboral”.
Precisó que la política salarial del gobierno federal, la han sustentado exclusivamente en los factores del mercado y el resultado que tenemos es que “el 13 por ciento de la población obtiene el salario mínimo y se concentra principalmente en Chiapas, Oaxaca, Veracruz, en el sureste mexicano, curiosamente donde tenemos los mayores índices de pobreza en el país”.
Más adelante, Santillán Pérez señaló que las políticas federales de combate a la pobreza sólo tienen una visión asistencialista y de entrega de despensas en las comunidades más alejadas, más pobres, que sólo garantizan “la sobrevivencia”, ese es uno de los graves errores de la Cruzada contra el Hambre y se niegan a modificae la política de empleo.
Recordó que cuando se presentó la Cruzada contra el Hambre trajeron al ex- presidente de Brasil, Lula da Silva, y se dijo que ese programa “era la réplica del modelo brasileño”, solamente que se les olvidó implementar también la reestructuración de la política de empleo y salarial que realizó Brasil, así como toda una serie de acciones complementarias en el combate a la pobreza de ese país.
Los defensores del modelo neoliberal, dijo el legislador, durante muchos años dijeron que se necesitaba tener una inflación controlada y crecimiento sostenido para liberalizar los salarios y hoy que en términos generales se tiene, se niegan a liberalizar los salarios con el argumento de que eso generará una espiral inflacionaria, pero “lo que nos quieren decir es que el salario mínimo debe estar al arbitrio del patrón, cuando éste reconozca que el trabajo del trabajador le genera una ganancia importante, por lo tanto lo que nos están diciendo es: el Estado que no intervenga. Esto refleja que el mercado laboral sólo es flexible con las empresas y no con los salarios”.
Por ello, Santillán Pérez, reiteró su apoyo a la propuesta del jefe de Gobierno de la ciudad de México para impulsar, desde la Asamblea Legislativa del Distrito Federal, al aumento salarial y la redistribución del ingreso y la riqueza para los trabajadores de la capital del país.
