GPPAN EXHORTA A PGJDF INVESTIGUE AGRAVIOS AMBIENTALES EN CHAPULTEPEC
17 de Febrero de 2016
• Diputados del PAN exigen sanciones a los responsables de deteriorar el medio ambiente, los derechos humanos de los habitantes de la Ciudad de México y el Bosque de Chapultepec
Los diputados Margarita Martínez Fisher y José Manuel Delgadillo Moreno, integrantes del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional en la ALDF, suscribieron un punto de acuerdo para exhortar a la Procuraduría General de Justicia del Distrito Federal, investigar de oficio agravios en contra del medio ambiente y habitantes del Distrito Federal por la privatización de un predio en la Tercera Sección del Bosque de Chapultepec, a favor de Inmobiliaria Trepi.
Los legisladores del PAN en la ALDF señalaron que el agravio radica en una reducción en las áreas verdes disponibles, a favor de la construcción de un complejo de departamentos de lujo, en una zona considerada zona de conservación ecológica del Bosque de Chapultepec.
Los panistas indicaron que las tres secciones del Bosque de Chapultepec, en cuyo perímetro se encuentra el predio ubicado en Montes Apalaches 525, Lomas de Chapultepec, han cumplido con la función pública para la que fueron destinadas, contrario a las afirmaciones de Inmobiliaria Trepi, y que confirmó el Juzgado Cuarto de Distrito en Materia Administrativa, el cual falló a favor de la empresa.
Los diputados que suscriben el punto de acuerdo piden una investigación de la Procuraduría General de Justicia del Distrito Federal por la posible comisión de delitos ambientales, cuya acción u omisión es agravada debido a que se trata de un área natural protegida y de valor ambiental.
Señalaron que es menester del Procurador General de Justicia del Distrito Federal inicie la investigación por tala indiscriminada de árboles que fue difundida por varios medios de comunicación, y deslindar responsabilidad penal en contra de Inmobiliaria Trepi o quien resulte responsable por daños al medio ambiente. Por lo tanto consideraron que este asunto compete al procurador, por presuntos delitos que atentan contra un ambiente sano derecho de todo habitante de la Ciudad de México.
SANCIONES POR DELITOS EN EL MEDIO AMBIENTE
El punto de acuerdo fue presentado en la Sesión de la Asamblea Legislativa del Distrito Federal, donde los diputados Martínez Fisher y Delgadillo Moreno argumentaron que el cuidado del medio ambiente es un derecho humano consagrado en nuestra Constitución, así como en diversos tratados internacionales de los que México forma parte, toda vez que implica la supervivencia del planeta y los seres humanos que lo habitan, por lo que es deber de los legisladores denunciar este tipo de actividades ante la autoridad.
Además consideraron que la tarea de la Asamblea Legislativa es representar y defender los intereses de los habitantes de la Ciudad de México, por lo cual es necesario impedir que se privaticen espacios públicos considerados protegidos por las leyes, ante la voracidad de la industria inmobiliaria que únicamente obedecen a sus intereses, como la ubicada en el predio de Montes Apalaches 525 en el Bosque de Chapultepec.
Los legisladores señalaron que el crecimiento urbano y poblacional que la Ciudad de México ha tenido en los últimos años representa hoy uno de los retos más grandes para el gobierno y la sociedad capitalina, el cual plantea la necesidad de atender los crecientes servicios que la población demanda y la urgencia de afrontar las consecuencias de los desequilibrios ecológicos que actualmente amenazan la calidad de vida de la población y, peor aún, su supervivencia.
Consideraron que es necesario deslindar responsabilidad penal en contra de la Inmobiliaria Trepi, S.A. quien se ostenta como propietaria del predio de Montes Apalaches 525, Lomas de Chapultepec o bien, de quien resulte responsable, por encuadrar conductas antijurídicas de tipo penal en la materia ambiental, descritos en el título vigésimo quinto del Código Penal del Distrito Federal.
En cuanto a las sanciones que se podrían aplicar, el Código Penal del Distrito Federal señala que “se le impondrán de tres meses a cinco años de prisión y de 500 a dos mil días multa, al que derribe, tale, o destruya parcialmente u ocasione la muerte de uno o más árboles.”
Además la ley establece que las penas previstas en este artículo se duplicarán cuando una o más de las conductas se hayan desarrollado en un área natural protegida o de valor ambiental. El punto de acuerdo fue aprobado con carácter de urgente y obvia resolución
