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EXPONEN ORIENTAR JUSTICIA ADMINISTRATIVA HACIA DERECHOS HUMANOS

EXPONEN ORIENTAR JUSTICIA ADMINISTRATIVA HACIA DERECHOS HUMANOS

23 de Abril de 2014

Los principios establecidos en el artículo primero constitucional, que garantizan la protección universal a los derechos humanos, se ampliarán en el ámbito de lo contencioso administrativo, manifestó el diputado Manuel Alejandro Robles Gómez.

Al presentar en tribuna la iniciativa que propone incluir estos derechos en la Ley Orgánica del Tribunal de lo Contencioso Administrativo, consideró que los derechos humanos deben regir en el juicio de nulidad.

Por otra parte, planteó que habrá una notificación electrónica, a fin de presentar a las partes integrantes de un juicio otra alternativa en materia de notificaciones a fin de hacerlas más prácticas y eficientes a lo largo del proceso jurídico, además de ahorrar recursos al Tribunal y agilizar los procedimientos en beneficio de la parte actora, es decir, del ciudadano.

También propuso reformar el artículo 99 de ese ordenamiento, con el fin de que en forma expresa quede plasmada la posibilidad de aplicar la “apariencia del buen derecho”, así como el criterio de “peligro de demora”. Ambos

con el fin de que el juzgador pueda otorgar la suspensión del acto impugnado, cuando es evidente que en relación con el fondo del asunto asiste un derecho al gobernado que hace posible anticipar –con cierto grado de acierto- que obtendrá una sentencia favorable.

El diputado Robles Gómez propuso también que las demandas se puedan recibir en línea, ya que actualmente el ciudadano solo puede inconformarse en contra de actos administrativos del gobierno en un solo domicilio, ubicado en la colonia Nápoles, lo que limita el acceso a esta justicia a muchos ciudadanos que viven en delegaciones lejanas.

Planteó los beneficios de que la sala superior deje de conocer de las resoluciones que dicten las salas ordinarias en los recursos de reclamación, pues esto ocasiona que los juicios de nulidad se vayan estancando, mientras el artículo 17 de la Constitución ordena que la justicia que imparten los tribunales de la república debe ser pronta, completa e imparcial.

“Los derechos humanos deben ampliarse e instituirse en el contencioso administrativo, pues la justicia es un derecho humano y debe ser accesible para todos”, concluyó.