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Exige ALDF dar marcha atrás a la Ley 3 de 3 que obliga a la IP a presentar su declaración

Exige ALDF dar marcha atrás a la Ley 3 de 3 que obliga a la IP a presentar su declaración

17 de Junio de 2016

· Quienes están obligados son los funcionarios públicos.

· El presidente de la República puede aplicar su derecho al veto


La Ley General de Responsabilidades Administrativas, conocida como ley 3de3, no cumple con la demanda ciudadana que le dio origen que es la rendición de cuentas y transparencia en el quehacer de los servidores públicos.

Leonel Luna Estrada, presidente de la Comisión de Gobierno de la Asamblea Legislativa del Distrito Federal (ALDF), consideró que, a pesar que el Grupo Parlamentario del PRD en la Cámara de Diputados votó en contra, el PRI, PVEM y Nueva Alianza aplicaron la mayoría y sumaron a los empresarios para que también presenten su declaración de 3de3.

Señaló que al sumar a los empresarios pareciera más una estrategia de obstaculizar la aplicación de la ley y no ayuda a combatir la corrupción, solo provocará inconformidades legales y afectará la inversión.

Dijo que quienes están obligados a rendir cuentas y transparentar sus bienes son los servidores públicos y así se planteó desde el principio de la discusión de la misma.

Lamentó que algunos diputados federales votaron a favor de las reformas a la ley 3de3 que hace obligatoria la declaración a empresarios, por lo que consideró como un exceso poner tantas trabas a la transparencia y rendición de cuentas.

Por esta razón, el diputado perredista Leonel Luna comentó que el presidente de la República tiene la oportunidad de dar marcha atrás a esta iniciativa que avaló la mayoría en la Cámara de Diputados, a través de su derecho a veto, porque no se respeta el sentir ciudadano.

Luna Estrada destacó que la Cuidad de México puso el ejemplo y desde la ALDF se aprobó como obligatoria la declaración 3de3 para funcionarios públicos, durante la aprobación de reformas a la Ley de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Rendición de Cuentas de la Ciudad de México. Sin embargo, todavía falta saber que sucederá en caso de publicarse la Ley General de Responsabilidades Administrativas.