EVITARÁN QUE CASOS COMO EL DE CÉFIRO 120 SE REPITAN
19 de Noviembre de 2013
En el marco de la aprobación en el pleno de la Asamblea Legislativa del DF de un paquete de reformas a las Leyes Registral, Orgánica del Tribunal de lo Contencioso Administrativo, del Instituto de Verificación Administrativa, de Desarrollo Urbano, y Orgánica de la Procuraduría Ambiental y de Ordenamiento Territorial; así como a los Códigos Penal y de Procedimientos Penales, todos del Distrito Federal, la diputada del Grupo Parlamentario del PAN, Priscila Vera Hernández, destacó que es necesario no sólo contar con mejores herramientas para sancionar a quienes violan las disposiciones de desarrollo urbano, sino que las autoridades actúen.
“Nosotros no solamente esperamos que esta reforma verdaderamente marque un paradigma en el tema del desarrollo urbano sino que verdaderamente se aplique. Ahora le toca a la Procuraduría, al Tribunal superior de justicia integrar bien las averiguaciones previas, consignar, no queremos que la ley se negocie debajo de la mesa. Esperemos que verdaderamente sí se sancione a los directores responsables de obra, si se llegue a las últimas consecuencias con aquellas desarrolladoras que saben el resquicio legal. Es muy ilustrativo que se nos venga a decir cuales son todos los modus operandi de las desarrolladoras y no podamos hace nada para sancionarlas”, aseguró Vera Hernández.
Abundó que el paquete de reformas enviado por la Consejería Jurídica del Gobierno del Distrito Federal permitirá sancionar a los desarrolladores inmobiliarios que abusan de los resquicios legales y a los funcionarios que se coluden con los particulares o cometen omisión ante las violaciones a los ordenamientos, como sucedió en el caso de Céfiro 120 en la Delegación Coyoacán.
Destacó que las reformas permitirán que casos de corrupción como éste donde están involucrados el Jefe Delegacional, Mauricio Toledo, y la desarrolladora 3GZN, así como funcionarios de la Secretaría de Desarrollo Urbano y Vivienda, no se queden sin sanción.
Particularmente desatacó la reforma al Artículo 259 del Código Penal fracción III en donde se destaca que comete el delito de ejercicio ilegal del servicio público el funcionario que “sustraiga, destruya, oculte, altere, utilice o introduzca legalmente información o documentos auténticos, falsos, alterados o que no sean reconocidos por la autoridad que los expidió, en expedientes archivos o bases de datos que se encuentren bajo su custodia o a los que tenga acceso en virtud de su empleo”.
La reforma hace especial énfasis en cuanto se refiere a certificados únicos de zonificación de uso de suelo; certificados de acreditación de uso de suelo por derechos adquiridos, manifestaciones de construcción, licencias de construcción especiales para demolición y permisos para la ejecución de obras, entre otros.
De igual forma, la legisladora del GPPAN, destaca la reforma al Artículo 267 de dicho código donde define el delito de uso ilegal de atribuciones y facultades de servidores públicos “a quien expida, otorgue o permita el otorgamiento o la expedición de certificados, autorizaciones o licencias en materia de uso de suelo, construcción o inmuebles”.
Vera Hernández señaló que las reformas además facultan al Tribunal de lo Contencioso ordenar la custodia del folio real del predio, al Registro Público de la Propiedad y de Comercio cuando se trate de un juicio de nulidad o lesividad; así como al Instituto de Verificación Administrativa quien también podrá solicitar la custodia de dicho folio cuando se trate de un procedimiento administrativo de verificación relacionado con desarrollo urbano, construcciones, inmuebles u ordenamiento territorial.
“El día de hoy podemos ya sancionar a los desarrolladores que abusan de los resquicios legales a los desarrolladores que sin ética alguna permiten estas construcciones que dañan día a día nuestro entorno” finalizó la legisladora del GPPAN.
