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ES COMPROMISO DEL GOBIERNO DE LA CIUDAD DE MÉXICO NO TOLERAR LA CORRUPCIÓN DE SERVIDORES PÚBLICOS

ES COMPROMISO DEL GOBIERNO DE LA CIUDAD DE MÉXICO NO TOLERAR LA CORRUPCIÓN DE SERVIDORES PÚBLICOS

30 de Marzo de 2016

· Diputados de la Asamblea Legislativa comparten con el Contralor General Eduardo Ravelo Pico la aplicación del Sistema Anticorrupción


En el gobierno se reconoce la presencia del problema de la corrupción, pero hay el convencimiento firme de no permitirlo, por lo que Miguel Ángel Mancera implementará en la Ciudad de México el Sistema Anticorrupción como política pública.

Así lo mencionó el Contralor General del Gobierno del Distrito Federal, Eduardo Rovelo Pico, al comparecer en la Asamblea Legislativa del Distrito Federal (ALDF), ante los diputados de los partidos políticos ahí representados, quienes lo cuestionaron sobre el actuar de esa dependencia para inhibir, investigar y castigar a los funcionarios que incurran en delitos y actos de corrupción.

El funcionario precisó que la instrucción del Jefe de Gobierno es actuar con transparencia en materia de fiscalización, rendición de cuentas, vigilancia de los ingresos y egresos de los recursos públicos y la transparencia, tanto en la Contraloría General como en las 16 contralorías internas que hay en las delegaciones.

Su encomienda es consolidarse como una institución que prevenga, corrija e imponga sanciones administrativas de manera legal, eficaz y eficiente a efecto de inhibir conductas irregulares de los servidores públicos al abatir la impunidad, con cabal respeto de los derechos humanos.

Explicó desde la Tribuna del Salón de Plenos que con la expedición de las leyes generales que regularán el Sistema Nacional Anticorrupción se estará ante la evolución de las relaciones jurídicas entre autoridades, entre éstas y los particulares y se construirán mejores instrumentos para prevenir y combatir el flagelo de la corrupción.

Los actos de corrupción afectan la legitimidad institucional, la economía, sobre todo de los que menos tienen, al encarecer los precios de bienes y servicios, así como el gasto presupuestal, se propician y mantienen las desigualdades entre los ciudadanos, y todo ello contribuye a disminuir los niveles de bienestar.

Por ello, para afrontar esta realidad, en la presente administración de gobierno se reconoce el problema y ante él la instrucción es que no se tolerará la corrupción en cualquier nivel en que sea detectada. Por ello, precisó Eduardo Rovelo, se ha sancionado a secretarios de despacho, coordinadores, directores generales y otros más.

Se han implementado políticas preventivas impulsadas por la ciudadanía como la declaración 3 de 3, que incluye declaración patrimonial, de intereses y fiscal de todos los servidores públicos de la ciudad, medida vinculante, aún y cuando no se han expedido las leyes generales.

Explicó que derivada de la ley general que se expida, el gobierno de la ciudad tendrá, con el impulso de los diputados de la Asamblea Legislativa, una normatividad propia en materia de responsabilidades administrativas de los servidores públicos, sus obligaciones, las sanciones a aplicar por actos u omisiones y las que correspondan a los particulares vinculados con faltas administrativas graves.

Antes de presentar el informe de las actividades que llevó a cabo la Contraloría General en el 2015, el funcionario escuchó el posicionamiento de cada uno de los Grupos Parlamentarios representados en la Asamblea Legislativa.

A nombre del Partido Encuentro Social (PES), el diputado Carlos Candelaria López señaló la desconfianza proveniente de la percepción ciudadana como factor preocupante. Invitó al contralor a responder al sentir ciudadano y trabajar en conjunto con la Asamblea Legislativa rumbo a la aplicación del Sistema Anticorrupción Local.

Como coordinador de la coalición parlamentaria de los partidos Nueva Alianza (NA), del Trabajo (PT) y Humanista (PH), el diputado Juan Gabriel Corchado Acevedo reconoció el desempeño institucional en materia de fiscalización, rendición de cuentas y combate frontal a la corrupción.

Sin embargo, no hay certeza de los resultados de las revisiones fiscales, de las indagatorias y de la correcta aplicación de sanciones respecto del proyecto de la Línea 12 del Sistema de Transporte Colectivo Metro. Por ello, solicitó al contralor un informe sobre la posible comisión de un fraude.

En relación al tema de las fotomultas, Corchado Acevedo señaló indispensable verificar y transparentar el contrato celebrado con las empresas Autotraffic S.A. de C.V. e Intertraffic S.A. de C.V.

Al hacer uso de la Tribuna, la diputada del Partido Movimiento Ciudadano, Vania Roxana Ávila García, solicitó al funcionario presentar propuestas en el marco de la redacción de la Constitución de la Ciudad de México a fin de fortalecer mecanismos de fiscalización, rendición de cuentas y transparencia.

Pidió un informe respecto del exhorto que ella presentó durante la Diputación Permanente en torno a si existen irregularidades en el contrato firmado entre la empresa Autotraffic y la Secretaría de Seguridad Pública del Distrito Federal (SSPDF).

Preguntó también si contempla sanciones contra los jefes delegacionales y servidores públicos que no cumplen con lo previsto en la Ley de Participación Ciudadana del Distrito Federal, referente al trabajo que deben realizar con los Comités Ciudadanos y Consejos de los Pueblos.

En su oportunidad, el diputado Fernando Zárate Salgado, del Partido Verde Ecologista de México (PVEM), demandó conocer las acciones sobre los recursos federales en el tema de la bitácora electrónica de obra pública que tienen que presentar las delegaciones.

Respecto del tema de la llamada Línea 12 del Metro, agregó que no hay sanciones actuales a funcionarios encargados del proyecto. En la transición de cambio de jefes delegacionales, expuso que las resoluciones y evidencias sobre las denuncias por actos de corrupción en los gobiernos salientes no son firmes.

Urgió a que en la nueva Constitución se contemple a la Contraloría como órgano autónomo e independiente del gobierno de la ciudad para garantizar que se realice un efectivo ejercicio de transparencia y rendición de cuentas.

En materia de programas sociales e impacto ambiental, Adrián Rubalcava Suárez del Partido Revolucionario Institucional (PRI), aplaudió la labor de la Contraloría, pero señaló que es necesario prevenir que ocurran casos que dañen a la ciudadanía.

De igual forma, reconoció la implementación del Consejo Interinstitucional preparatorio del Sistema Anticorrupción de la Ciudad de México, y puntualizó que su partido vigilará y dará seguimiento a las acciones para prevenir y sancionar con rigor a aquellos funcionarios públicos que no hayan actuado con apego a la legalidad.

En tanto, el diputado Andrés Atayde Rubiolo, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, resaltó que uno de los mayores retos para la Contraloría General es la evaluación que debe hacer sobre su propia administración pública, que requiere tener presente los conceptos de revisión, control y fiscalización.

Añadió que a pesar de la inhabilitación de funcionarios de diversos niveles, como el ex Secretario de Obras, Alfredo Hernández, la remisión de quejas y la excelencia en las respuestas a solicitudes de información, su partido se encuentra inconforme respecto de las sanciones impuestas a funcionarios relacionados con la construcción de la Línea 12 del Metro.

Por su parte, en nombre del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática (PRD), el diputado Iván Texta Solís, presentó ante el Pleno una demanda para investigar a la funcionaria que encabeza la supuesta fiscalía anticorrupción en la delegación Cuauhtémoc, bajo la figura de usurpación de funciones, igual que al delegado Ricardo Monreal.

De comprobarse la usurpación de funciones, pidió sancionar a la funcionaria y con ello evitar que en esa demarcación exista un subejercicio presupuestal.

El diputado de Morena, Darío Carrasco Aguilar, expuso que para su partido es prioridad impulsar una reforma al marco jurídico de la ciudad que permita la rendición de cuentas a fin de dar certeza a la ciudadanía sobre el correcto ejercicio de los recursos públicos. Por esta razón, coincidió en la necesidad de dotar de autonomía a la Contraloría y retomar acciones contra la corrupción en todos los niveles de los sectores público y privado.