DISMINUCIÓN DE PRESUPUESTO PARA ADULTOS MAYORES IMPIDE CUMPLIMIENTO A LA LEY
03 de Diciembre de 2013
A principios de 2001, el gobierno del Distrito Federal puso en marcha "Programa de Apoyo Alimentario, Atención Médica y Medicamentos Gratuitos para Adultos Mayores de 70 Años residentes en el Distrito Federal", con el cual se estableció una política pública universal, transparente y democrática orientada a evitar el empobrecimiento de un sector sumamente vulnerable y desprotegido.
Con este programa, inició un camino sin retorno –primero en la ciudad y posteriormente en el país- para ubicar las necesidades de los adultos mayores como un tema de importancia prioritaria. En una década los Adultos mayores pasaron pasó de ser un grupo social en el abandono a ubicarse como uno un tema fundamental de la agenda de inclusión social y desarrollo.
Este acto –severamente cuestionado en su tiempo-asumió el reconocimiento de los derechos de la población adulta mayor, como una obligación para el gobierno y una garantía para los ciudadanos. Con esto se dejó atrás una visión asistencial, caritativa y clientelar de la política pública para transitar a un nuevo paradigma de atención de este grupo poblacional en situación de vulnerabilidad.
Con la pensión Universal para los adultos mayores se reconoció el esfuerzo de miles adultos mayores que nunca tuvieron un empleo que les ofreciera la posibilidad de jubilarse y pensionarse, reconoció el esfuerzo de muchas mujeres trabajadoras que sacaron adelante a sus familias y jamás tuvieron reconocimiento y mucho menos retribución. Y también reconoció a aquellos que perciben una pensión insuficiente para cubrir sus necesidades básicas.
En noviembre de 2003, una vez que los ciudadanos reconfiguraron el poder legislativo de la ciudad – dominado en tres años anteriores por la derecha- este programa se convirtió en Ley, ello colocó a nuestra ciudad a la vanguardia al establecer la pensión como derecho legal, mecanismos operativos públicos, criterios de selección y priorización, padrones de beneficiarios públicos desagregados hasta el nivel de Unidad Territorial (colonia), mecanismos de exigibilidad y transparencia absoluta en todo lo relativo al programa.
En Febrero de 2007 y considerando la situación social y demográfica de la ciudad, esta Asamblea aprobó establecer la edad de acceso a la pensión universal a partir de los 68 años de edad.
La Ley establece en su artículo 2 que el Jefe de Gobierno debe iincluir en el Proyecto de Presupuesto de Egresos del Distrito Federal, la asignación que garantice, efectivamente, el derecho a la pensión alimentaria a todos los adultos mayores de sesenta y ocho años, residentes en el Distrito Federal.
En este mismo sentido y con el objeto de garantizar la suficiencia de recursos para esta política pública, la ley señala que la Asamblea Legislativa del Distrito Federal deberá aprobar, en el Decreto de Presupuesto anual, el monto suficiente para hacer efectivo el derecho a la pensión alimentaria.
Lamentablemente, desde la aprobación de esta modificación legal, no ha sido posible alcanzar cobertura universal para la población que señala la ley y actualmente tenemos un rezago importante en la atención, 27% de la población del rango de edad fijado en la Ley, no tienen han tenido acceso a la pensión. Esto significa que en 2013, 115 mil adultos mayores de 68 años no tienen acceso a la pensión alimentaria de la ciudad de México.
Si no hace nada, la brecha continuará incrementándose hasta convertirse en un problema que cuestionará la viabilidad de la pensión. Según la información disponible desde 2012, el padrón de beneficiarios se encuentra situado en 480 mil personas y dicha meta no ha variado para el presente año y tampoco se tiene programado su incremento para el ejercicio fiscal de 2014.
Los datos muestran que entre 2008 –año de la disminución de la edad- y 2014, la brecha entre población objetivo y padrón de beneficiarios pasó de 67 mil a 131 mil, esto es casi el 30% de personas que no pueden acceder a su derecho por falta de recursos y por falta de cumplimiento de la Ley.
El déficit de incorporación acumulado en la pensión de adultos mayores alcanza niveles sumamente alarmantes en algunas delegaciones, tal es caso de Miguel hidalgo donde 52.33% de la población con derechos a recibir la pensión, no se encuentra aún inscrita en el padrón, en segundo lugar encontramos a Cuajimalpa con 41.9% y posteriormente Benito Juárez con 36.9%. La delegación con menos rezago es Xochimilco, con un18.27 de déficit.
Esta situación debe llamarnos la atención y hacernos tomar acciones para cumplir con lo que estipula la ley. Si observamos la propuesta de presupuesto para el próximo año, no sólo no se incrementan los recursos para aproximarnos al cumplimiento de la Ley, al contrario, disminuyen en 34 millones de pesos, con lo cual los recursos que harían falta para alcanzar la universalidad quedarán a una distancia de mil 585 millones de pesos.
Por lo anterior someteremos a consideración de la Asamblea, propuesta para ampliar el presupuesto destinado a este programa a efecto de cerrar la brecha entre lo que obliga la Ley y lo que permite el presupuesto.
Es posible que no alcancemos el objetivo de lograr la universalidad para el próximo año, pero tenemos que dar pasos firmes y claros en esa dirección, porque de lo contrario estaremos faltando a una obligación legal y social irrenunciable.
Considero que es mejor etiquetar recursos para este acción tan fundamental y estratégica que distribuirla entre los diputados para que la asignen a proyectos que teminan no ejerciéndose.
Llamo a todos mis compañeros a actuar con responsabilidad frente a este importante tema y los invito a sumarse a esta iniciativa.
