La Dip. Mariana Moguel presentó iniciativa por la que se adicionan y reforman diversas disposiciones a la Ley de Desarrollo Social.
28 de Abril de 2016
La legisladora Mariana Moguel Robles presentó una iniciativa en Asamblea Legislativa del Distrito Federal para que la Secretaría de Desarrollo Social realice un Padrón Universal de personas derechohabientes o beneficiarias, un instrumento de planeación y evaluación, orientado al logro progresivo de los derechos sociales.
La diputada reafirmó las bases para el futuro en la materia y llamó a “fortalecer la transparencia y el nivel de rendición de cuentas en la implementación de la política de desarrollo social, así como la coordinación y convergencia de presupuestos entre las instancias públicas de los diferentes niveles de gobierno”.
Destacó que se debe evitar el uso clientelar de los recursos públicos asignados a programas sociales, o que se creen algunos para operar exclusivamente en tiempos electorales.
“Disminuyamos la dispersión de programas, evitemos las duplicidades en la entrega de apoyos y ganemos niveles de focalización a nivel de las personas y familias beneficiarias”, demandó.
Así, propuso que toda acción para el desarrollo social, al no estar establecida o normada por Reglas de Operación, deberá contar con la autorización expresa y solidamente justificada del Secretario de Desarrollo Social y/o del Jefe Delegacional, según sea el caso.
“Somos testigos de cómo los programas sociales se dispersan en su implementación, carecen de pertinencia y criterios precisos de focalización”, indicó.
Algunos de los cambios que en materia de política de desarrollo social se propone con esta iniciativa son:
1. Reformar artículos relativos a la planeación, programación y presupuesto, así como los relativos a la evaluación de los programas sociales, a fin de construir una visión estratégica y de largo alcance para el desarrollo social de quienes habitan en la Ciudad de México.
2. Esta propuesta de reforma de Ley, abre un espacio directo a los beneficiarios y/o derechohabientes de los programas sociales, con la finalidad de evitar el mal uso de la información en la ejecución de los programas sociales, teniendo mejores mecanismos para la autogestión, inconformidad y protección, evitando su condicionamiento y haciendo su acceso más efectivo.
3. Bajo esta perspectiva, se dará por primera vez en la Ciudad de México un espacio al Derecho al Olvido… una vez que un dato o información personal se considera obsoleta, o no relevante porque ya transcurrió su proceso de conservación, podrá ser eliminado de manera universal… esto, a fin de evitar futuras vulneraciones de los derechos de las personas.
4. Se recuperará la perspectiva de datos abiertos en la política social, dando así un paso decisivo para seguir ampliando las bases de un gobierno abierto en la Ciudad.
“En la actualidad EVALÚA-DF es la institución encargada de captar y sistematizar información en materia de política social. Sin embargo, no sólo se trata de contar con bases de datos y administrarlas sólo para conocer la eficiencia del gasto social”.
5. Se establece de manera clara la diferencia entre Programa y Acción de desarrollo social, así como entre persona derechohabiente y beneficiaria.
Finalmente la legisladora reafirmó que “en tiempos del proceso constituyente escuchamos que los derechos sociales conseguidos son intocables, entonces para quienes hoy reciben los beneficios de un programa social: el reconocimiento de derechohabiente es el primer paso garantizarlos”.
Asimismo, se establece una distinción operativa entre un programa de desarrollo social derivado de una planificación institucional de la política social, que tiene por objetivo el cumplimiento de los derechos humanos, económicos, sociales y culturales
