DICTAMEN DE LEY GENERAL DE AGUAS VULNERA EL DERECHO HUMANO AL AGUA, PRIVATIZA EL SERVICIO, AUMENTA TARIFAS Y DISMINUYE EL SUMINISTRO POR PERSONA
11 de Marzo de 2015
La diputada Ernestina Godoy Ramos advirtió que no pasará la Ley General de Aguas por ser un proyecto de dictamen que vulnera el derecho humano al agua, privatiza el servicio, aumenta tarifas, condiciona la entrega de recursos federales a las entidades federativas y disminuye a 50 litros por día el consumo diario por persona.
De acuerdo al análisis realizado en su calidad de integrante de la Comisión de Gestión Integral del Agua de la Asamblea Legislativa, la legisladora sostuvo que la iniciativa federal define como derecho a la disposición el acceso al agua de forma suficiente, haciendo a un lado los principios constitucionales que establecen como derecho humano el acceso, disposición y saneamiento de agua para consumo personal y doméstico en forma suficiente, salubre, aceptable y asequible.
Es decir, explicó la legisladora, de aprobarse esa ley, el mínimo vital para consumo personal y doméstico serían 50 litros diarios por persona. Todo el contenido del dictamen, afirmó, hace a un lado los principios constitucionales y encuadra la definición derecho a la disposición de agua de forma “suficiente”.
En el Distrito Federal, aseveró, hemos luchado para evitar la privatización del servicio del suministro de agua y el aumento de las tarifas. Sin embargo, dijo, los diputados federales del PRI, PAN y PVEM buscan condicionar al Distrito Federal la entrega de recursos federales si aplican el esquema tarifario que contempla la ley.
El Artículo 239 de la iniciativa referente a la política tarifaria, dijo, establece un conjunto de disposiciones en materia tarifaria para obligar a las entidades federativas a incrementar las tarifas o aprovechamientos que cobran por concepto de agua potable. “Dichas disposiciones violentarían la autonomía del DF para determinar su hacienda pública, conforme a las leyes que aprueben la Asamblea Legislativa”.
En este sentido, aseguró, mediante la Ley de Aguas Nacional se pretenden legislar sobre temas que le corresponden de forma exclusiva a las entidades federativas. La política de subsidios y la forma en que cada estado los hace llegar su población, no puede ser materia de una ley federal, ni se puede condicionar la entrega de fondos federales a sujetarse a una política tarifaria que sólo busca incrementar las ganancias de los operadores privados y hacer más rentable el negocio del agua.
Finalmente, la diputada Ernestina Godoy Ramos consideró que después de realizar un estudio sistemático al proyecto de dictamen de la Cámara de Diputados, resulta evidente que contrario al derecho humano al agua, se restringe y limita el servicio público de agua potable a los asentamientos humanos y centros de población legalmente constituidos, y excluye a las personas que por diversas circunstancias reportar problemas económicos, que por lo general se encuentran en las zonas irregulares.
