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DESTACAN EXISTENCIA DE CRISIS HUMANITARIA ANTE AUMENTO DE MIGRACIÓN

DESTACAN EXISTENCIA DE CRISIS HUMANITARIA ANTE AUMENTO DE MIGRACIÓN

03 de Septiembre de 2014

Considerando que en el último año se desató una inusitada oleada de niños migrantes hacia los Estados Unidos, en busca de mejores condiciones de vida y poniendo en riesgo su integridad, el Diputado Dr. Rodolfo Ondarza Rovira, presidente de la Comisión de Salud y Asistencia Social de la ALDF, participó en el “Foro Regional sobre Migración”, que se realiza los días 2 y 3 de septiembre, en Morelia Michoacán.

Durante su intervención con la ponencia “Causas y efectos de la separación de niños migrantes y familiares”, el Diputado Ondarza, destacó cifras que señalan que alrededor de 63 mil menores indocumentados, no acompañados, han cruzado la frontera en el último año, tal como lo informó la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza de Estados Unidos (CBP).

Asimismo, señaló que de acuerdo a estos datos, en lo que va del año fiscal 2014 (octubre de 2013 a julio de 2014), la patrulla fronteriza estadunidense detuvo a 62 mil 998 niños y adolescentes no acompañados menores de 17 años, el doble que en el mismo periodo del año anterior, cuando se detuvo a 31 mil 491 menores no acompañados; a esto se agrega un aumento significativo de las familias detenidas en la frontera, que suman 62 mil 856 unidades familiares en lo que va del año frente a las 11 mil 001 en el mismo periodo de 2013.

Al respecto, el Diputado Rodolfo Ondarza destacó que estas cifras estremecedoras son resultado de las condiciones de pobreza y marginación que privan en Centroamérica, no quedando excluido nuestro país, toda vez que este incremento de los familiares detenidos con los infantes, confirma que estamos ante una crisis humanitaria de grandes proporciones, consecuencia del deterioro global de las condiciones económicas y sociales de todos los países sometidos a los designios de la potencia económica estadounidense.

En el caso de México, señaló que en 32 años, el crecimiento económico promedio es del 2.2%, cuando este país necesita crecer por lo menos a tasas del 6% anual. Durante este mismo periodo, el salario perdió las 4/5 partes de su poder adquisitivo, a lo que además se suma que en sexenio anterior y en el actual se han perdido más de 2.5 millones de empleos, de más de 3 y más de 5 salarios mínimos generales (SMG), y en su lugar proliferan empleos precarios de menos de 3 y 2 salarios mínimos.

Asimismo, el Diputado informó que de los 51 millones de trabajadores reconocidos oficialmente por el INEGI, más de 30 millones perciben menos de 3 salarios mínimos y una cantidad similar no tiene seguridad social, pues 6 de cada 10 empleos son informales.

Sobre los desempleados, mencionó cifras oficiales que manejan la existencia de 2.5 millones; aunque estimaciones de diversas organizaciones señalan que la cifra real es de 14 millones de mexicanos, siendo los principales afectados las mujeres, los jóvenes y los adultos mayores de 40 años.
De igual manera, el Diputado Ondarza destacó que de acuerdo a la Encuesta Nacional de Ingreso de los Hogares 2012, 11.7 millones de mexicanos tienen ingresos (en efectivo y en especie) de 20.6 pesos diarios y otros 11.7 millones de 34.8 pesos diarios.

Los únicos que perciben una cantidad igual o superior al pib per cápita es el decil más alto de la población: 11.7 millones de mexicanos que perciben 392.2 pesos diarios.

Lo anterior, recalcó el Diputado, habla de la enorme desigual en la distribución de la riqueza donde 15 grandes magnates mexicanos tienen fortunas superiores al billón de dólares, mientras que según datos del 2012 del Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social (Coneval), del total de 117 millones de habitantes en nuestro país, tan sólo hay 23.2 millones de personas que no son pobres ni vulnerables. Es decir, cubren todos sus derechos sociales, mientras que el resto de los mexicanos enfrenta alguna carencia social o tiene problemas de ingreso.

Asimismo, el Diputado Ondarza señaló que entre las cosas que deben de enfrentar los migrantes, está lo informado por el Departamento de Seguridad Interna (DHS), donde se hace mención de la utilización que hacen los cárteles mexicanos de este población, principalmente para traficar drogas, obligándoles a trabajar en sectores informales de Estados Unidos y, en otros casos, los coaccionan a trabajar en actividades ilícitas como el tráfico de estupefacientes, las extorsiones, los secuestros, la piratería, entre otros; además de obligarlos a ser parte de sus redes de explotación sexual o a pagar “cuotas de protección” para no lastimar a sus familiares.

El también presidente de la Comisión de Salud, enfatizó que con datos de este tipo era de esperarse el surgimiento de una crisis como la que enfrentan los niños migrantes, consecuencia directa de políticas donde México y los países centroamericanos se han convertido en expulsores netos de su fuerza de trabajo.

Asimismo, afirmó que esta crisis ha evidenciado las limitaciones de la economía estadounidense, que si bien se beneficia de la explotación de este tipo de población, no cuenta con la infraestructura para instalar a los millones de desempleados y sus familias provenientes de estos países, población que aumenta progresivamente a pesar de las restricciones implementadas.

Ante este panorama, es notorio que todas las medidas que se dice se han implementado, se dirigen a atacar los efectos y no las causas del problema. Por ello, ante el saqueo permanente y deterioro de las condiciones de vida en los países sometidos, los trabajadores emigran a los países dominantes en busca de mejores oportunidades y desarrollo para sus familias, aunque en el camino sean víctimas de la industria criminal.

Ante este panorama, el Diputado concluyó señalando que es urgente que los gobiernos atiendan este problema, la cual continuará creciendo sin aparente solución ante la falta de empleos dignos, propiciando un fenómeno que adquirirá formas más extremas en la medida que la poblaciones tengan que realizar acciones para garantizar su desarrollo y el cumplimiento de sus derechos ante la nula o mínima acción de sus autoridades.