DENUNCIAN DESALOJO DE VIVIENDAS EN LA ROMA
11 de Marzo de 2013
Esta mañana, diputados integrantes de la Comisión de Vivienda denunciaron el despojo de sus hogares, del que fueron víctimas ocho familias que vivían en un edificio de dos pisos y ocho departamentos, en un predio ubicado en la Calle de Guadalajara No. 36, Col. Roma, en la Delegación Cuauhtémoc.
El grupo de afectados, liderados por Adriana Reyes Ortega, dieron a conocer que hace dos años se presentó ante lo que era su domicilio la Constructora denominada “Tierra Capital”, quien luego dijo llamarse “Tierra Fund, S. de R.L. de C.V.”; quienes, sin el respaldo de documento alguno, les dieron a conocer que tenían una semana para desalojar sus viviendas, situación que denunciaron ante las autoridades correspondientes sin obtener respuesta alguna.
Motivo por el cual, solicitaron el apoyo de Beatriz Quin, quien se identificó como líder vecinal del Partido de la Revolución Democrática y aseguró que podría ayudarlos al respecto, pero resultó estar coludida con la compañía constructora.
Pese a múltiples intentos por regularizar su predio, no se logró concretar la gestoría necesaria; sin embargo, esta situación sin resolución, relata Adriana Reyes, inició su punto más álgido el 14 de febrero alrededor de las 19:00 hrs. Cuando un grupo de 60 personas enmascaradas, haciendo uso de palos, cuchillos y armas punzocortantes, sin contar con una orden de desalojo, arremetieron al interior del edificio y comenzaron a sacar por la fuerza a las familias, amenazándolos de que si no desalojaban las viviendas los matarían.
Aunque la estación de policías se encuentra a dos cuadras de donde acontecieron los hechos y pese a las constantes llamadas telefónicas de denuncia y los gritos de auxilio de los vecinos, nadie llegó.
Esa misma noche entre las 21:00 y 22:00 hrs., los vecinos acudieron a la Agencia No. 7 del Ministerio Público, en donde no les levantaron la denuncia, por lo que se vieron en la necesidad de acudir a la Agencia No. 50, donde tampoco lo hicieron bajo el argumento de que el despojo, robo o allanamiento de morada no son considerados delitos graves.
Fue hasta el día siguiente cuando en la Agencia No. 7 levantó la denuncia correspondiente y aseguró a los vecinos que les permitiría sacar sus pertenencias, cosa que no ocurrió.
El día 15 de febrero, comenzó la demolición del edificio incluso con las pertenencias de los afectados. Adriana Reyes, dio a conocer que existen familias de adultos mayores que tienen entre 20 y 50 años viviendo en el lugar, quienes incluso han tenido que dormir en las calles y que en muchos de los casos, la ropa que portaban esta mañana es todo lo que tienen.
Por lo que solicitaron el apoyo de los diputados integrantes de la Comisión de Vivienda, quienes se comprometieron a hacer las gestiones necesarias para que esta situación no quede impune.
Ante esta situación, el diputado Jorge Gaviño Ambriz, dio a conocer que se trata de una inminente situación de despojo por parte de particulares y en donde se hace uso desmedido de la fuerza, cuando la autoridad jurisdiccional, en atención a sus atribuciones, es la única que puede ordenar un desalojo pero apegado a derecho.
Aunque dio a conocer que se revisará la situación legal del predio, nadie puede proceder de esta manera porque el uso de la fuerza es potestad del Estado; por lo que dijo que iniciarán las gestiones ante las autoridades correspondientes para dar una respuesta a los afectados.
En su participación, el diputado Genaro Cervantes, dio a conocer que solicitará a la Comisión de Administración y Procuración de Justicia, que pida a la Secretaría de Seguridad Pública del D.F., un informe para conocer los acontecimientos registrados por las cámaras de seguridad así como las acciones y omisiones tomadas ante esta situación.
Asimismo, llamó a terminar con este “modus operandi” en el que se sacan por la fuerza a las familias de sus hogares y se les deja en las calles, así como a conocer la complejidad del tema en el que los particulares están realizando este tipo de actos vandálicos.
En su oportunidad, Juan Maya Molina, en representación del presidente de la Comisión de Derechos Humanos del Distrito Federal (CDHDF), dijo que una vez que se presentó la queja ante la Comisión, se hizo una solicitud de medidas precautorias a la Secretaría de Seguridad Pública de la capital, para en caso que existan situaciones similares futuras. También dio a conocer que ya solicitaron los videos de seguridad correspondientes y que se pidió al Tribunal Superior de Justicia del Distrito Federal de a conocer si existió una orden desalojo para los afectados.
