DEMANDAN REPARAR DAÑO EN CASO GÓNGORA
01 de Septiembre de 2013
El pasado 2 de julio el GPPAN presentó ante la Comisión de Gobierno de la ALDF la “Ley Antigóngora”; dos iniciativas de reformas a los Códigos Civil y Penal del Distrito Federal para evitar que servidores públicos, sobe todo quienes son ex Presidentes de la República, ex Gobernadores, ex Jefes de Gobierno y ex Ministros de la Corte, hagan uso de sus influencias en asuntos legales. Al tiempo que los legisladores presentaron en días posteriores la denuncia sobre el caso ante la CNDH.
Este 27 de agosto la Comisión Nacional de los Derechos Humanos emitió una recomendación dirigida al Jefe de Gobierno del Distrito Federal, Miguel Ángel Mancera Espinosa, al Presidente del Tribunal Superior de Justicia y del Consejo de la Judicatura del Distrito Federal, Edgar Elías Azar y al Presidente de la Comisión de Derechos Humanos del Distrito Federal, Luis Armando González Plasencia.
La CNDH recomendó que se implementen las acciones necesarias para reparar el daño a las víctimas en el caso Góngora Pimentel; que en un acto público, ante la presencia de las víctimas y sus familiares, se les ofrezca una disculpa institucional lo cual implique el reconocimiento de las violaciones a los derechos humanos en que incurrieron los servidores públicos; al Jefe de Gobierno del DF y al Presidente del TSDJ se les pide colaborar con la CNDH en el trámite de la queja que se promueva en contra de los servidores públicos de la Procuraduría General de Justicia del Distrito Federal que intervinieron en los hechos.
Al Presidente de la Comisión de Derechos Humanos del Distrito Federal se le solicita investigar de forma integral, las acciones y omisiones de los servidores públicos del organismo local a su cargo en agravio de la esposa del ex Ministro Góngora y de sus hijos; y adoptar las acciones necesarias para capacitar y/o actualizar a los servidores públicos de su comisión sobre temas referentes a los derechos a la presunción de inocencia, los derechos de las niñas y los niños, así como de las mujeres, con el objetivo de garantizar la no repetición de actos similares a los que dieron origen este caso.
De acuerdo con la diputada de la ALDF, Laura Ballesteros, la recomendación marca un precedente a nivel local y nacional. “No queremos un Góngora más en la Ciudad de México y sin duda esto no sólo representa un buen precedente para la ciudad sino para el país. Ahora el paso que sigue es pedirle al Gobierno del DF, a la CDHDF y al Tribunal Superior de Justicia del DF que acepten la recomendación”, afirmó.
Ballesteros Mancilla señaló que la reparación integral del daño no solamente es psicológica, física o de salud sino también tiene que ver con garantías de no repetición y con disculpas por parte del estado cuando se violentan los derechos de un ciudadano.
Por ello, destacó que además de la recomendación se necesita una Ley de Reparación del Daño para que este tema se convierta en una política de Estado que obligue a los diferentes organismos de gobierno a dar garantías en materia de defensa de Derechos Humanos. "Este es un primer paso, sin embargo, necesitamos trabar de manera más profunda en esta materia ya que de cada diez niños cuyos padres están en proceso de divorcio y solicitan pensión, sólo tres están recibiéndola”.
En su oportunidad, el diputado Orlando Anaya González integrante de la Comisión de Atención a Grupos Vulnerables de la ALDF, coincidió con este tipo de acciones por parte de la CNDH, pues se constituye en un avance en este caso ante la omisión de la Comisión de Derechos Humanos del DF, instancia ante la cual los afectados interpusieron una queja hace más de un año y ni siquiera había sido revisada.
Recordó que Acción Nacional ha presentado iniciativas de reforma a los Códigos Civil y Penal del DF, orientadas a salvaguardar el bienestar de la familia, sobre todo lo referente a garantizar la alimentación de los menores.
Asimismo, Anaya González destacó la necesidad de garantizar la pensión alimentaria de los menores, pues son los más vulnerables durante un proceso de divorcio de los padres, así como transparentar los padrones de deudores alimentarios para conocer quiénes incumplen con esta disposición.
"En defensa de los derechos de los niños los diputados del PAN hemos propuesto que el registro de deudores alimentarios se haga de manera pública, que sea público para todas las personas, que todos los padres y madres de familia en esta ciudad, pueda identificarse su situación en este registro, y que pueda generar un documento que libere de algún compromiso de deuda alimentaria a una persona que desea contraer matrimonio, es decir, se volvería un requisito”, concluyó Anaya González.
