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DEMANDAN MEDIDAS DE PROTECCIÓN DE DERECHOS HUMANOS EN RECLUSORIOS

DEMANDAN MEDIDAS DE PROTECCIÓN DE DERECHOS HUMANOS EN RECLUSORIOS

09 de Octubre de 2014

Mediante la presentación de un Punto de Acuerdo, la presidenta de la Comisión Especial de Reclusorios de la Asamblea Legislativa Distrito Federal, la diputada Olivia Garza de los Santos, solicitó a la Comisión de Derechos Humanos del Distrito Federal y al Sistema Penitenciario incrementar, en el ámbito de sus facultades, la supervisión y protección a los Derechos Humanos de los reclusos.

La diputada del Grupo Parlamentario del PAN señaló que si bien actualmente el Sistema Penitenciario ha emprendido medidas para mejorar las condiciones de vida de los más de 40 mil internos dentro de los reclusorios del DF, aún se siguen presentando violaciones a los derechos humanos y abusos de poder, lo cual, dijo, dificulta el trabajo para su reinserción social.

Garza de los Santos enfatizó que es obligación del Estado garantizar a las personas que se encuentran privadas de la libertad la salvaguarda de sus derechos humanos, así como de otorgarles condiciones de vida digna al interior de los centros de reclusión, y como tal, esta obligación es independiente de la situación jurídica de los internos.

“El objetivo de la reinserción del reo, no se trata sólo de un castigo jurídico, sino de dar un ejemplo de régimen de derechos y obligaciones que concilia la seguridad con la exigencia del respeto a los derechos humanos, además de poner mayor énfasis en todos aquellos factores que influyan en el proceso de reintegración de los individuos. Lograr tal objetivo no es tarea fácil y requiere una coordinación entre las diferentes esferas de gobierno, y por ello, se debe insistir en le correcto funcionamiento de los centros penitenciarios a fin de que se logre cumplir con una eficiente readaptación social”, explicó.

Finalmente reiteró que la reinserción social de los internos debe estar íntimamente relacionada con la prevención del delito, objetivo esencial de la seguridad pública. por ello, dijo, todo lo que se haga en favor de la atención, manejo y administración de las prisiones, debe ser en favor de la sociedad, “es de suma importancia brindarle especial atención y establecer límites a los abusos de poder, negligencia o desconocimiento de la función por parte de los custodios y autoridades al interior los penales, e intensificar dichas acciones, tal y como ha venido sucediendo en la presente administración”.

El instrumento legislativo fue turnado para su análisis y dictamen a la Comisión de Derechos Humanos.