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Demanda PVEM demolición de obra irregular en represa de CDMX

Demanda PVEM demolición de obra irregular en represa de CDMX

06 de Abril de 2017

* Pese a contar con sellos de clausura y suspensión,
continúan los trabajos en el inmueble, propiedad de Banca Mifel

* La edificación, que consta ya de más de 16 pisos, representa un riesgo potencial para los vecinos de la zona e incluso para la automovilistas y transeúntes


Por incurrir en violaciones sistemáticas a diversos ordenamientos y autoridades de la Ciudad de México, el grupo parlamentario del Partido Verde Ecologista de México (PVEM) en la Asamblea Legislativa del Distrito Federal (ALDF), en conferencia de prensa, demandó la inmediata y contundente intervención del gobierno de la capital del país para demoler el edificio que se construye dentro del vaso regulador de la Presa Anzaldo, en el sur de la ciudad.

En atención a una solicitud de apoyo de los vecinos de la zona, representados por Paula Arizpe, ex presidenta del Comité Ciudadano del Pedregal de San Ángel, los diputados del PVEM Antonio Xavier López Adame, Eva Lescas Hernández y Fernando Zárate Salgado, acompañados por la diputada federal del Verde Ecologista, Paola Félix Díaz, solicitaron al gobierno de Miguel Ángel Mancera la inmediata intervención de las diversas dependencias involucradas para que ejecuten los procesos administrativos y hasta penales en contra de quienes han violentado la ley con el desarrollo de esta obra.

Con este tema, el GPPVEM adelantó que presentará un Punto de Acuerdo para exhortar a las autoridades de la Ciudad de México a fin de que intervengan y resuelvan las violaciones legales que en diversos rubros entraña esta obra.

El coordinador parlamentario de los ecologistas en la ALDF, Xavier López explicó que gran parte de la construcción afecta el área de valor ambiental decretada en la zona poniente de la Presa Anzaldo, hacia donde fluye el Río Magdalena-Eslava, única corriente viva existente en la Ciudad de México. Adame expuso que éste es un claro ejemplo de la voracidad que ha caracterizado a un buen número de desarrolladores inmobiliarios en la CDMX.

Para evitar que estas prácticas sigan siendo la constante en la ciudad, López Adame advirtió que se revisará detenidamente el Programa General de Desarrollo Urbano propuesto por el Jefe de Gobierno, a fin de prevenir lagunas legales que permitan a los constructores seguir atentando contra la viabilidad y sustentabilidad de la ciudad.

Al respecto, Paula Arizpe expuso que el crecimiento urbano en torno al vaso regulador ha provocado ya su desbordamiento en varias ocasiones, lo que representa un grave riesgo para la seguridad de los vecinos, los automovilistas y hasta los transeúntes durante la temporada de lluvias. Pidió que tras la recuperación del área de valor ambiental, se destine el espacio para la construcción de una zona jardinada, que contribuya a la recarga del acuífero.

Por su parte, el diputado Fernando Zárate destacó la recurrente conducta ilegal de Banca Mifel en la construcción de diversos inmuebles, en los cuales continúan sus obras, pese a la colocación de sellos de suspensión o clausura impuestos por diversas autoridades capitalinas.

Zárate demandó que el gobierno de la Ciudad de México establezca sanciones ejemplares a todos los involucrados en el desarrollo de la obra, desde administrativas hasta penales, a fin de evitar que este modus operandi se convierta en una regla para que más inmobiliarias y particulares sigan construyendo y con ello violenten de manera flagrante la ley.

“Debemos trabajar por la viabilidad y sustentabilidad de la ciudad, en estricto apego al Estado de Derecho. No podemos alentar que en aras de un pretendido e insano desarrollo económico se atente contra la seguridad y el patrimonio de los capitalinos”, insistió Fernando Zárate.

El legislador ecologista exigió que se ordene al desarrollador inmobiliario que demuela las partes de la obra que violen los permisos otorgados y manifestados ante el gobierno de la ciudad y la jefatura delegacional, y que tanto Seduvi, Sedema, Protección Civil e Invea inicien los procesos de verificación y sancionatorios a que haya lugar para garantizar la seguridad de quienes viven y transitan por la zona.