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CON PENAS ALTERNATIVAS SE PUEDE DESAHOGAR LA SATURACIÓN QUE HAY EN RECLUSORIOS DEL DISTRITO FEDERAL



09 de Febrero de 2012

Boletín # 61

La diputada Alejandra Barrales acompañada del presidente de la Comisión de Derechos Humanos del Distrito Federal, Luis González Plascencia, presentó una iniciativa de reformas al Código Penal local para establecer un régimen de penas alternativas a primo delincuentes que cometen robos simples.

Explicó que esta reforma busca la aplicación de penas alternativas como puede ser el trabajo comunitario para quienes han cometido delitos simples, que son aquellos que no implican violencia, ni uso de armas.

La presidenta de la Comisión de Gobierno informó que la próxima semana presentará la iniciativa a ese órgano, además recalcó que hay un compromiso para avanzar en la agenda del próximo periodo de sesiones y se vuelva a distinguir la Asamblea Legislativa por la promoción y respeto a los derechos humanos en la ciudad.

Resaltó que esta iniciativa tendrá un impacto en la población joven de la ciudad y que es una medida que ayudará a enfrentar el problema de sobrepoblación penitenciaria, que se duplicó en la última década. En 2000 había 20 mil 714 reclusos, 10 años después 40 mil 290.

“Según la Tercera Encuesta a Población de Reclusorios del Distrito Federal, el 40 por ciento esta preso por robos menores; el 41 por ciento de los internos tienen entre 18 y 30 años por eso señalamos que es a nuestros jóvenes a quienes impacta la medida; 21 por ciento de los internos nunca fueron a la escuela o no terminaron la primaria, estamos hablando de una condición de pobreza; 61 por ciento de los internos comenzaron a trabajar antes de los 15 años; 54 por ciento de los internos laboraban en el autoempleo como taxistas o comerciantes”, comentó

La iniciativa propone que se reformen los artículos 220, 222, 223, 224, 225246, 247 y 248 del Código Penal.

El Ombudsman capitalino, Luis González Plascencia indicó que esta reforma propuesta contribuye a despresurizar el sistema penitenciario y prevé la instrumentación de sanciones inteligentes.

“Una ciudad que ha concentrado su interés en los derechos humanos, no requiere de leyes más duras, sino más inteligentes”, explicó.

González Plascencia dijo que esta iniciativa retoma propuestas hechas por la CDHDF porque la idea es sustituir la pena privativa de libertad por una pena alternativa que estará sujeta al criterio del juez, no de un órgano administrativo; además se tiene prevista la reparación del daño de la víctima. El Estado será el encargado de pagar a la víctima y el primo delincuente pagará con trabajo a la autoridad.

La iniciativa propone reformas a ocho artículos, en las cuales propone que el primodelincuente que se apodere de algo ajeno deberá realizar trabajo en beneficio de la víctima hasta que cubra el monto de lo robado o lo restituya.

Incluso menciona que habrá 60 a 150 días de multa cuando el valor de lo robado no exceda de 300 veces el salario mínimo o cuando no sea posible determinar su valor; de 150 a 400 días de multa cuando exceda los 300 hasta los 750 veces el salario mínimo y de 400 a 600 días de multa cuando el valor de lo robado exceda de 750 veces el salario mínimo.

Se aumentará en una mitad las penas previstas cuando el robo se cometa en un lugar cerrado; en contra de una persona con discapacidad o de más de 60 años de edad; aprovechando una relación de trabajo, de servicio u hospitalidad; equipaje y valores de viajero, encargados o empleados de empresas o establecimientos comerciales, entre otros.
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