BUSCAN EVITAR ABUSOS EN COBROS EXTRAJUDICIALES
27 de Marzo de 2014
Con la finalidad de evitar abusos por parte de los despachos dedicados a realizar cobranza extra judicial, la Diputada del Grupo Parlamentario del PAN en la Asamblea Legislativa del DF, Olivia Garza de los Santos, presentó la iniciativa de proyecto de decreto por el que se crea el Artículo 209 bis del Código Penal para el Distrito Federal.
Explicó que con este artículo se busca sancionar a las empresas que recurran a cualquier forma de amenazas, violencia física o verbal, intimidación u hostigamiento físico o telefónico con la finalidad de cobrar o requerir en nombre y representación de instituciones bancarias, tiendas departamentales o cualquier otra institución crediticia, el pago de una deuda contraída.
Garza de los Santos explicó que al día de hoy las actuaciones de cobranza extrajudicial efectuadas por particulares, al pretender ejercer un derecho, emplean diversos medios de coacción y amenazas para obtener la satisfacción de sus intereses, teniendo entre sus prácticas más comunes realizar llamadas en la noche, en la madrugada, en fines de semana o envían cartas intimidatorias y amenazantes a hogares y lugares de trabajo de las personas que continúan en sus bases de datos, “alejándose de todo medio permitido por la ley para ejercer el propio derecho, incluso llegando a la simulación de actos y/o documentos judiciales o administrativos, pretendiendo ejercer atribuciones que sólo le corresponden a una autoridad”.
Destacó que por ningún motivo deben enviarse al deudor documentos que aparenten ser escritos judiciales, comunicaciones a terceros ajenos a la obligación, ya sea por medio de altavoces o cualquier otro medio de comunicación, en las que se dé cuenta de la morosidad.
Olivia Garza reiteró que se debe prestar atención e implementar las acciones necesarias para evitar abusos contra los usuarios de créditos que por diversas circunstancias han caído en morosidad, sin incentivar la cultura del no pago, para lo cual debe fortalecerse la educación financiera de la población para que su capacidad de endeudamiento sea acorde a sus ingresos.
El objetivo de esta iniciativa, enfatizó Garza de los Santos, es sancionar a personas de despachos jurídicos, contables o cualquier otro representante de bancos, tiendas departamentales o cualquier otra institución que otorgue un crédito, que mediante amenazas, violencia, intimidación u hostigamiento físico o telefónico pretendan cobrar el saldo de una deuda contraída; la cobranza no deberá ser fuera de los procedimientos judiciales, ni empleando amenazas, violencia, intimidación u hostigamiento reiterado, además de la sanción que corresponda si para tal cometido se emplean documentación, sellos falsos o se usurpen funciones públicas o de profesión.
Asimismo, se busca castigar a las empresas de cobranza que el día de hoy realizan estas prácticas atentatorias a la dignidad de las personas al obligarlas a la reparación del daño correspondiente.
