ATENTAN CORTES DE ENERGÍA ELÉCTRICA CONTRA SEGURIDAD DE LAS PERSONAS
14 de Octubre de 2014
Al señalar que el pasado 11 de octubre se cumplieron cinco años de la extinción de Luz y Fuerza del Centro (LyFC), bajo el engaño de que con esta acción autoritaria bajarían las tarifas de energía eléctrica, el diputado Alejandro Ojeda opinó que los cortes de este servicio que afectan a miles de usuarios por negarse a pagar cobros excesivos y fuera de sus posibilidades, atentan contra la seguridad y dignidad de las personas, por tanto, de sus derechos humanos.
Por ello, el legislador del PRD promueve un punto de acuerdo que exhorta a la presidenta de la Comisión de Derechos Humanos del Distrito Federal (CDHDF), Perla Gómez Gallardo, para realizar las valoraciones que permitan que el acceso y uso de la energía eléctrica sea reconocido como un derecho humano.
Al recordar la premisa de las Naciones Unidas de que el acceso a la energía eléctrica es importante para lograr la igualdad en el mundo, el presidente de la Comisión Especial Sobre el Suministro y Cobro de Energía Eléctrica de la ALDF, dijo que el llamado se hace dentro del marco de la protección, defensa, vigilancia, promoción, educación y difusión de los derechos humanos de la competencia de la CDHDF.
En la exposición de motivos, el diputado Ojeda explicó que a partir de la extinción de LyFC, acto que repercutió directamente en el Distrito Federal, miles de usuarios comenzaron a sufrir cobros excesivos por el uso de energía eléctrica, incrementándose sin razón alguna aparente, desde 400 por ciento hasta mil por ciento el costo del servicio.
Sin importar los bajos salarios que perciben la mayoría de los mexicanos, el asambleísta del sol azteca subrayó que con los cobros excesivos, no se permite al usuario costear este servicio, condenándolos a la disyuntiva de pagar o comer.
Mencionó que habría que sumar los acosos y actos de intimidación por parte del personal de la Comisión Federal de Electricidad (CFE) que ejecutan los cortes del servicio diariamente y hasta en horas de la madrugada, sin importar, incluso, poner en riesgo la vida de personas que por enfermedades que requieren diálisis, por ejemplo, no se les puede restringir el derecho para acceder a este servicio.
Expuso que hoy se tiene una política empresarial y corporativa para la prestación del servicio, donde lo que te garantiza su obtención y continuidad es el pago económico de cobros estimados y excesivos, como lo comprueban los miles de casos que se han denunciado ante la PROFECO y la comisión que preside.
Pago que de no hacerlo, agregó, conlleva al corte del servicio con actos amenazantes y con personal que no se identifica, y sin seguir un procedimiento que contenga el mínimo de certeza jurídica para las personas donde se respeten sus derechos, porque simplemente no existe.
Además, argumentó, la CFE actúa bajo conveniencia, porque su personal se presenta a los domicilios y ejercen una autoridad facciosa ante las personas, pero ante las instancias judiciales de cualquier competencia argumentan no ser autoridad sino una empresa, esto confabulado y respaldado por el gobierno.
Hizo énfasis en que si CFE es empresa, entonces su personal, no puede entrar a nuestras casas en contra de nuestra voluntad, pues de acuerdo a nuestra constitución, nadie podrá ser privado de la libertad o de sus propiedades, posesiones o derechos, sino mediante juicio seguido ante los tribunales previamente establecidos, en el que se cumplan las formalidades esenciales del procedimiento
De igual forma, precisó, nadie puede ser molestado en su persona, familia, domicilio, papeles o posesiones, sino en virtud de mandamiento escrito de la autoridad competente, que funde y motive la causa legal del procedimiento.
Al ser la CFE una empresa, no puede trastocar ni limitar nuestros derechos humanos, finalizó.
