APRUEBAN PROFESIONALIZAR SERVICIO PÚBLICO DEL DF
10 de Diciembre de 2013
La Comisión de Administración Pública Local de la Asamblea Legislativa del Distrito Federal llevó a cabo su décimo primera sesión de trabajo, donde se abordaron, entre otros temas, la reforma que tiene como propósitos primordiales generar una administración pública adecuada, con capacidad técnica y profesional para el servicio público, garantizar el funcionamiento adecuado de las instituciones para la ejecución de planes y programas, así como cumplir con las metas de la administración pública del Distrito Federal, informó el diputado Alejandro Piña Medina.
Actualmente, la Ley Orgánica de la Administración Pública del Distrito Federal establece que sólo los Directores Generales de Administración de las delegaciones políticas deben acreditar una licenciatura y contar con la cédula profesional respectiva, para el ejercicio de la profesión, en las áreas de contaduría, administración pública, administración de empresas, finanzas, economía, derecho, ingeniería o ciencias en las áreas afines a la administración; así como cubrir dos años de experiencia.
Esta regulación es de alcance corto, por ello, debe ampliarse a las Direcciones Generales, Ejecutivas, de Área y Coordinaciones, de toda la Administración Pública del Distrito Federal.
Al respecto, el legislador local señaló que la falta de formación académica de los mandos directivos implica, entre otros riesgos, que los funcionarios públicos no cuenten con el perfil requerido para ocupar un puesto de responsabilidad dentro de la organización gubernamental. Lo cual, se puede traducir en una mala conducción de la administración y baja calidad de los servicios dirigidos la población.
Por ello, propuso esta reforma a la Ley Orgánica de la Administración Pública del Distrito Federal, a través de la cual, los servidores públicos deberán cumplir con los requisitos exigidos para acceder a un cargo o comisión. En el caso de estudios y formación profesional, deberán acreditar la posesión de certificados requeridos en cada caso, expedidos por las instituciones educativas de nivel superior habilitadas para ello.
Así, a partir de la visión de administrar para mejorar, la gestión pública debe enfocarse en valorar los alcances y perfiles de los servidores públicos, con el objetivo de optimizar los procesos de gestión. De esta forma, se brindarán mejores condiciones de servicio y eficacia, a una sociedad cada día más demandante; pues el ejercicio de gobierno debe dejar atrás la improvisación, la designación discrecional de los cargos administrativos, las promociones inducidas y el predominio de las lealtades individuales sobre la lealtad institucional.
Hoy en día, la existencia de una legislación dispersa, constituye un laberinto jurídico, que se materializa en la falta de uniformidad en los perfiles de los servidores con mando; lo que ha ocasionado un desgaste de la administración pública y, en algunos casos, ha originado una imagen de desprestigio, creada por malas prácticas, como la ineficiencia, el autoritarismo y el nepotismo. Términos contrarios al espíritu de un servicio público eficiente y de calidad.
De esta manera, con instrumentos normativos más rígidos se consolidará la profesionalización y evitará la improvisación de funcionarios, ya que esto conlleva un aprendizaje costoso, que se transforma en acciones ineficaces y resultados negativos para la ciudadanía.
Por lo cual, la profesionalización del servicio público, sentará un precedente y aspirará a convertirse en normatividad de orden general, así como en un modelo de organización y funcionamiento del servicio público, concluyó Alejandro Piña Medina, Presidente de la Comisión de Administración Pública Local.
