APRUEBA ALDF PROPUESTA DE OLIVIA GARZA PARA CERTIFICAR ASOCIACIONES CIVILES DE REHABILITACIÓN CONTRA ADICCIONES
22 de Octubre de 2014
Por mayoría, la Asamblea Legislativa del DF aprobó la propuesta de la diputada del Grupo Parlamentario del PAN, Olivia Garza de los Santos, en la que se exhorta a la Secretaría de Salud del DF, a la Comisión de Derechos Humanos y al Centro de Certificación y Verificación del Instituto de Atención y Prevención de Adicciones, a nivel local y federal, para realizar campañas permanentes de certificación a aquellas asociaciones civiles encargadas de tratar personas con algún tipo de adicción y con ello evitar las llamadas “granjas”, en las que se reportan fraudes y engaños hacia los adictos o sus familiares.
En tribuna, la Presidenta de la Comisión Especial de Reclusorios de la ALDF señaló que en los últimos años ha aumentado el número de centros clandestinos bajo el amparo, dijo, de que también el número de adictos ha incrementado, sin embargo éstos no cuentan con los estándares mínimos de atención a las adicciones, por el contrario, se cometen abusos, vejaciones y lesiones graves a los derechos humanos de las personas que son internadas en estos sitios; y pese que ello se ha documentado ante las autoridades, continúan operando.
Las familias firman un supuesto acuerdo de conformidad para ingresar al adicto, pero es ilegal. Las familias, desesperadas, recurren a centros de reclusión para el tratamiento de adicciones que ofrecen la rehabilitación del familiar, pero cuyo método es abiertamente denigrante. Es importante que se sepa que en el Distrito Federal sólo se cuenta con cuatro instituciones públicas que pueden atender adicciones: dos hospitales toxicológicos dependientes de la Secretaría de Salud capitalina y dos centros residenciales para el tratamiento de adicciones, explicó.
Garza de los Santos subrayó que la problemática se centra en que al haber pocos centros profesionales de atención para este grupo de personas, proliferan los centros clandestinos, quienes no cuentan con lo mínimo necesario para lograr una verdadera rehabilitación.
Las personas que son ingresadas a estos centros algunas veces lo hacen voluntariamente pero, en la mayoría de los casos, lo hacen contra su voluntad, bajo coacción familiar. Una vez en las granjas, los internos son sometidos a una nueva disciplina a través de insultos, golpes y malos tratos; en condiciones de hacinamiento, falta de higiene, latencia de enfermedades contagiosas, promiscuidad y, a veces, hasta explotación laboral, alertó.
La diputada del GPPAN recordó que la CDHDF ha emitido recomendaciones a diversas autoridades locales para alertar de las graves violaciones a los derechos humanos que se presentan en las llamadas “granjas”, sin embargo, al no existir una regularización y certificación este tipo de centros clandestinos siguen operando en total libertad, haciendo caso omiso a dichas recomendaciones.
Debe ser prioridad de las autoridades capitalinas impulsar campañas permanentes de regularización y certificación de los centros que tengan como fin la rehabilitación de personas con problemas de adicciones, ya que muchos de ellos, como ya se dijo, operan ilegalmente, ocasionando con ello que la estancia del adicto se convierta en un verdadero infierno, debido a los golpes, maltrato físico y emocional que padecen los internos, concluyó.
