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ACUERDAN COMISIONES UNIDAS DE LA ALDF REALIZAR UNA AUDITORIA GENERAL AL TEDF Y CITAR A LOS CINCO MAGISTRADOS PARA ESCLARECER IRREGULARIDADES



13 de Enero de 2010

Boletín # 300

Las Comisiones Unidas de Transparencia de la Gestión y de Asuntos Políticos Electorales de la Asamblea Legislativa del Distrito Federal (ALDF) acordaron proponer al pleno realizar de una auditoria general de las gestiones 2007, 2008 y 2009 al Tribunal Electoral capitalino, por la presunta venta de plazas, así como citar a los cinco magistrados para esclarecer y transparentar el uso de recursos públicos y el conflicto interno que se vive en éste.

Durante la comparecencia del magistrado Miguel Covián Andrade, ante los integrantes de las dos Comisiones del órgano legislativo, diputados externaron su preocupación por la situación interna “de dimes y diretes” entre los integrantes del Tribunal Electoral del Distrito Federal, los cuales implican también al propio contralor interno, lo que los llevó a plantearse el posible escenario de solicitar la renuncia de todos y “refundar” el órgano político.

Ante los cuestionamientos de los legisladores del PRD, PRI, PAN y Panal, el magistrado negó las acusaciones y se escudó en la Ley para reservarse su derecho a hablar sobre aquellas denuncias que aún siguen en trámite.

En defensa de Miguel Covián Andrade habló el diputado por el Partido Revolucionario Institucional (PRI), Cristian Vargas, quien pidió a sus compañeros legisladores no cobrarle la factura al magistrado por los fallos que dieron los triunfos a los panistas en las delegaciones Miguel Hidalgo y Cuajimalpa.

Destacó la trayectoria del magistrado, no obstante reconoció también que en el órgano electoral existe un conflicto interno que debe aclararse pues implica el manejo de recursos públicos cuyo destino es deber transparentar, como es el caso del pago de cien mil pesos de publicidad a la revista Barrios o “millones de pesos a una constructora que no trabaja”.

En este mismo sentido se manifestó el legislador del PAN, Guillermo Octavio Huerta Ling, quien puso como ejemplo un recibo de un teléfono celular por un monto de 29 mil 695 pesos, con llamadas de larga distancia realizadas a España y señaló que en el TEDF existe un manejo discrecional de los recursos públicos.

En su oportunidad la legisladora del Partido de la Revolución Democrática, Lizbeth Eugenia Rosas Montero, aclaró al magistrado que las denuncias hechas en su contra son públicas y por ello tiene la obligación de explicar los acontecimientos en los que se ha visto implicado, como es la venta de plazas, la contratación de familiares y el uso indebido de recursos públicos, así como la presentación de su renuncia como presidente del Tribunal.

El legislador Leonel Luna, también del PRD, cuestionó la forma en la que Miguel Covián exhibió a los demás integrantes del TEDF, a los cuales acusó de apoyar al Magistrado Presidente y contralor interno en actos poco transparentes; estos señalamientos, consideró el diputado, manchan la imagen del órgano electoral.

Leonel Luna aclaró al magistrado que en la Procuraduría General Justicia del Distrito Federal (PGJDF) existen averiguaciones previas en su contra por el desvío de recursos, algo por lo cual cualquier funcionario público ya hubiera renunciado a su cargo.

En su intervención Víctor Hugo Romo, del PRD, pidió a Miguel Covián Andrade un informe por escrito de los hechos y propuso la creación de una comisión que dé seguimiento a los acontecimientos hasta que se esclarezcan y se llegue al fondo.

También planteó la necesidad de citar a los demás magistrados a una mesa de trabajo para que den su versión de lo que realmente sucede en el órgano electoral.

Por su parte, la presidenta de la Comisión de Transparencia, Lía Limón García, sostuvo que los magistrados deben tener probidad y las deficiencias de alguno no pueden ser cobijo para justificar el actuar incorrecto de otros.

En su intervención la diputada del PAN enfatizó que los integrantes del TEDF deben tener una autoridad moral irreprochable, toda vez que ellos son quienes califican los procesos electorales y resuelven las impugnaciones.