PLANTEAN MAYOR CONTROL SOBRE FUNCIONALIDAD DE VÍA PÚBLICA Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS
26 de Marzo de 2014
La Ciudad de México necesita un ordenamiento jurídico efectivo para tutelar el derecho de los capitalinos a la funcionalidad de la vía pública, la prestación de servicios públicos urbanos y la movilidad urbana, aseguró el diputado del Partido de la Revolución Democrática, Roberto Candia Ortega.
En conferencia de prensa, ofrecida para anunciar la presentación de la iniciativa de Ley de Servicios Públicos Urbanos del Distrito Federal, el legislador indicó que la propuesta busca delimitar las atribuciones y facultades de las autoridades involucradas en la materia, como el Jefe de Gobierno, la Agencia de Gestión Urbana, la Secretaría de Obras y Servicios, así como las distintas secretarías, órganos descentralizados, desconcentrados y político-administrativos.
La iniciativa, que presentará el diputado mañana jueves ante el pleno de la Asamblea Legislativa del Distrito Federal, sugiere la creación de un Comité Central para la prestación de los Servicios Públicos Urbanos, como órgano encargado de atender los asuntos en materia de funcionalidad de la vía pública y servicios; el proceso mediante el cual el Gobierno del DF debe ejecutarlos, de forma planificada, programada y coordinada, bajo un esquema de equidad social, acceso universal y público, seguridad, sustentabilidad, bienestar económico y ambiental.
“La propuesta establece que toda persona tiene derecho a solicitar la intervención de las autoridades, para que se solucione su petición en relación a la prestación de los servicios públicos urbanos de la Ciudad de México; ya sea a través del Programa 072, de la Agencia de Gestión Urbana, o en caso de que el ciudadano acuda directamente ante la autoridad”, explicó.
La nueva normatividad, agregó, definirá los criterios a los cuales debe apegarse la autoridad para dar seguimiento y atención a las peticiones ciudadanas, así como las medidas de seguridad y sanciones ante una emergencia derivada de la alteración, destrucción o modificación en cualquier forma y concepto a la funcionalidad de la vía pública, incluyendo el uso y aprovechamiento del subsuelo y las instalaciones aéreas; la movilidad urbana y la prestación de los servicios públicos urbanos.
En la iniciativa se establece que se apercibirá al propietario, poseedor o tenedor de la cosa, obstáculos, vehículos o bienes irregularmente colocados, ubicados o asentados en bienes del dominio público o vía pública, para que lo retire con sus propios medios, en caso contrario se procederá a la ejecución directa del acto mediante el retiro inmediato con cargo al propietario y se impondrán las medidas de seguridad que establece la Ley de Procedimiento Administrativo tales como, el apercibimiento, auxilio de la fuerza pública, arresto hasta por 36 horas y multas.
El diputado del PRD puntualizó que en caso de que la infracción derive de la ejecución de una licencia o permiso para efectuar trabajos en la vía pública, además de las sanciones antes referidas, se dará vista a la autoridad competente para la suspensión o cancelación de los mismos según corresponda, debiendo dar vista a la Contraloría General del Distrito Federal.
Y, si la infracción cometida tuvo su origen en la prestación de un servicio público urbano, además de dichas sanciones, se dará vista a la autoridad competente para que proceda a la suspensión, cancelación o revocación de la concesión o licencia otorgada.
Finalmente, Roberto Candia aseguró que la propuesta determinará que serán solidariamente responsables las personas físicas o morales obligadas a responder por la alteración, destrucción o modificación en cualquier forma y concepto a la funcionalidad de la vía pública incluyendo el uso y aprovechamiento del subsuelo y las instalaciones aéreas, así como la movilidad urbana y la prestación de los servicios públicos urbanos, con el pago de gastos y multas por las infracciones cometidas.
