EXHORTAN A EPN CONDENAR MANIPULACIÓN ELECTORAL DE PROGRAMAS SOCIALES
23 de Abril de 2013
La Asamblea Legislativa del Distrito Federal aprobó exhortar al titular del Poder Ejecutivo federal, Enrique Peña Nieto, a emitir una condena pública y sin reservas, por los actos de manipulación electoral de los programas sociales federales por parte del Partido Revolucionario Institucional (PRI).
Peña Nieto, indicó la diputada Ernestina Godoy Ramos, sólo se ha limitado a llama a los priístas a “aguantar” las críticas y a asumir de facto la defensa del PRI descubierto, con lo que extiende un aval a estas prácticas y deja manos libres a todos sus operadores.
Ante ello, la ALDF solicitará a Peña Nieto a instruir a todos los servidores públicos del Gobierno federal a conducirse con apego a la legalidad y a abstenerse de distraer recursos humanos, materiales y financieros para apoyar al PRI y a sus candidatos en los procesos electorales que se desarrollarán en 13 entidades federativas.
La diputada Ernestina Godoy señaló que el material de videograbación que recién fue difundido pone al descubierto una amplia red destinada a comprar votos y lucrar con el hambre de las mexicanas y los mexicanos que menos tienen, de condicionar el acceso a derechos constitucionales como la alimentación o la salud a cambio de su voto por el partido en oficial.
“No se puede minimizar estos hechos con declaraciones mediáticas y la remoción de eslabones más bajos de esta amplia red de manipulación electoral que opera en la Secretaría de Desarrollo Social (Sedesol) federal”, señala el punto de acuerdo presentado por la legisladora del Partido de la Revolución Democrática.
Por ello, la Asamblea Legislativa requerirá a la Secretaría de la Función Pública y a la Procuraduría General de la República, inicie las investigaciones y someta a los procesos administrativos y penales a los responsables del desvío, utilización y manipulación de programas sociales federales con propósitos electorales.
La ALDF también solicitará a EPN que revise todos los nombramientos en la Sedesol, de manera particular de los delegados estatales, las Directoras y Directores Generales y Subsecretarios, a efecto de garantizar el profesionalismo y evitar el uso de instituciones del Estado con fines electorales.
La diputada Ernestina Godoy comentó que todos los subsecretarios son operadores electorales del PRI: Ernesto Némer Álvarez, destacado miembro del grupo Atlacomulco; Juan Carlos Lastiri Quirós, ex secretario de gestión social del CEN del PRI, priísta poblano, funcionario y defensor del Gobierno de Mario Marín, el gober precioso.
También podemos constatar, agregó, que los delegados estatales son operadores electorales del PRI, encabezados por el Coordinador de Delegaciones en la Sedesol, Pedro León Mojarro, recientemente nombrado por la secretaria Rosario Robles para conducir el programa “Hambre Cero” en las 32 entidades federativas; es un político sin experiencia en desarrollo social y en los últimos diez años desempeñó las tareas de delegado operativo del CEN del PRI.
Para el Distrito Federal, detalló, fue ubicado Sixto Hoyos Zamora, quien fue colaborador cercano del actual secretario de Gobernación, se formó en la extinta Policía Federal de Caminos, fue ex titular de corporaciones de seguridad pública en el estado de Hidalgo y participó en la campaña presidencial de Enrique Peña Nieto. Su objetivo principal es trabajar en un padrón único de beneficiarios en el DF.
“Al PRI le interesan los pobres como botín electoral, su compromiso contra el hambre es tan creíble como la voluntad de las refresqueras o los fabricantes de comida chatarra para combatir la obesidad”, aseguró la legisladora al tiempo de señalar que la Sedesol fue ocupada por operadores políticos priístas sin experiencia, ni interés, en los temas sustantivos relacionados al desarrollo social, pues les preocupan y se ocupan de las elecciones.
Ante ello, reiteró el llamado a Enrique Peña Nieto para que condene públicamente los actos ilícitos de priístas en el gobierno federal, además de que la SFP y la PGR investigue y sancione a los responsables de desvío de recursos públicos y uso electoral de los programas sociales federales.
